Opositores a la instalación de minas de oro y plata en Ixtacamaxtitlán demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), próxima a resolver sobre el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de los particulares interesados, tome en cuenta estudios técnicos con los que sustentan “que la explotación minera amenaza la biodiversidad de la región”.

Mediante un comunicado el Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la Unión de ejidos y comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida (Atcolhua) y otros grupos anunciaron que presentarán a la Semarnat 3 mil 500 firmas de opositores a las minas, respaldadas por 40 actas de asambleas comunitarias realizadas en 27 municipios de la cuenca del río Apulco.

En el comunicado, sostienen que el actual MIA que promueven la canadiense Almaden Minerals Ltd. y su filial mexicana Minera Gorrión se sustenta en concesiones que están en disputa por el amparo 445/2015 y en permisos entregados por el Estado mexicano sin cumplir con consultas previas a la población indígena.

En la evaluación, la Semarnat, también tendría que tomar en cuenta que en la asamblea realizada por la misma dependencia el 55 de junio pasado, organizaciones sociales, investigadores y académicos presentaron documentos técnicos con observaciones serias sobre el MIA, que “... demuestran que la explotación minera amenaza la biodiversidad de la región y que la empresa no informó los impactos ambientales reales que ocasiona el proyecto”.

Proyecto minero comienza a dar empleos: Minera Gorrión

Tras el posicionamiento del Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y  la Unión de ejidos y comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida, Minera Gorrión emitió un comunicado en el que defendió los empleos que el proyecto ya empieza a dejar en la zona.

Añadió que públicamente han sostenido que no habrá afectaciones al río Apulco y que utilizarán agua de lluvia para sus procesos y que las mismas autoridades federales han refutado varias de las acusaciones en su contra.

También señaló que el amparo al que se hace referencia tiene relación con una comunidad alejada, que no forma parte del proyecto y que lo relacionado con la consulta indígena se ha atendido con determinaciones oficiales y con el cumplimiento de la ley minera actual.