La empresa Minera Gorrión S.A. de C.V., que busca permisos del gobierno de Puebla para explotar una mina de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, señaló que sus detractores que han recurrido a vías legales no serán afectados.

El señalamiento se publicó en un informe de la filial mexicana de la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd., que incluye una lista de acciones sociales, ambientales y legales relacionadas con el avance del proyecto.

El informe se da en medio del análisis que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la autorización del proyecto minero y de muestras de rechazo de pobladores.

La empresa detalló que los opositores denunciaron la realización de trabajos sin permisos y violaciones a derechos humanos, ante la Semarnat, legisladores federales y la Secretaría de Energía, pero que los demandantes no fueron afectados.

“Cabe recordar que la comunidad demandante se encuentra fuera del área de influencia y de las concesiones actuales de la empresa. […] la empresa canceló sus concesiones originales y nunca ha realizado trabajos en dicha comunidad”, explicó.

Los principales opositores al proyecto son de Santa María Zotoltepec y forman parte de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y Territorio de Alcthua.

La minera dijo que en lo social trabajaron en la realización de una Evaluación de Impacto Social emitida por la autoridad federal, tuvieron también un aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reconoció que no afectarán al tipo de población que ellos representan.

La empresa informó que realizaron más de 20 mil interacciones de consulta en 35 comunidades y que llevaron a 500 pobladores a visitar minas en operación, lo que se suma a la declaración de apoyo a 800 habitantes presentada en la Semarnat.

En cuanto a lo ambiental plantearon avances sobre el uso de tecnología que requiere menos agua, que no afecta a las áreas naturales protegidas y que al explotar oro y plata extraen material que ayuda a producir cemento.

Según sus cálculos se requiere una inversión de 175 millones de dólares y tan sólo para el estudio de factibilidad realizado en 2018 dejaron 130 millones de dólares en impuestos. De aprobarse la explotación, tendría una vida útil de 11 años y generaría más de 400 empleos.