Al presentar avances del proyecto de la mina de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, directivos de Minera Gorrión destacaron que la misma autoridad federal ha reconocido que no hay en la zona comunidades indígenas sujetas a consulta.

Como empresa, se dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa, ha buscado las posturas no sólo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que está en el proceso de autorizarles o no un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para construir la mina, sino de otras que tienen que ver con el impacto social.

De entre ellas se destacó la de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que en septiembre del año pasado reconoció en una misiva que las localidades afectadas en un radio de distancia tienen presencia indígena más no son consideradas como comunidades indígenas, hecho que determinaría una consulta.

"Preguntamos, en la zona del proyecto, nos pueden por favor decir si en el municipio de Ixtacamatitlán y fuimos durante todo el debido proceso para llegar a un resolutivo que nos dice, las comunidades que están en la zona del proyecto, en la zona de influencia, en la zona núcleo del proyecto ninguna de ellas está catalogada como una comunidad indígena, por lo tanto no existe un sujeto de consulta para llevar a cabo una consulta indígena.

"Nosotros como empresa estamos siempre manejándonos en que vamos a cumplir lo que diga la ley porque confiamos en las instituciones, entonces, a quién le vamos a presentar, a la institución encargada", explicó Daniel Santamaría, líder del Proyecto Ixtaca.

En esta carta, se agregó, la autoridad federal reconoce el tipo de población que existe y aunque es un antecedente, en ellos quedaría el llevar o no al cabo la realización de una consulta previa a obras de construcción de aprobarse el MIA.

Sobre las afectaciones a poblaciones con presencia indígena también se destacó el pleito legal que mantienen pobladores de la localidad de Tecoltémic, al que le falta una sentencia firme y que ya ha pasado por la discusión de diferentes instancias de gobierno.

Respecto a los activistas se destacó que aunque empezaron una lucha en 2015, quedan fuera del radio de un kilómetro de afectación que se prevé en la ley y que sí considera en cambio otras 12 comunidades.

Además de CDI, para medir el impacto social, la minera destaca que pidió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) definiera si se afectaban o no zonas arqueológicas y que lo mismo hicieron con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ante señalamientos de opositores sobre supuestas irregularidades.

Hace unas semanas Almaden Minerals Ltd., la filial canadiense de la mexicana Minera Gorrión, expuso en un informe de proyecciones financieras que de aprobarse los permisos federales en tiempos previstos, podrían comenzar con la construcción de la mina en marzo de 2020.

DIAPOSITIVAS ÚTILES

8.- Carta del INAH

9.- Carta de Semarnat.

10.- Mapa del área de influencia.

20.- Carta de CDI.

Foto: Especial