La nueva administración a cargo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está obligada a investigar los actos de corrupción que se han señalado en torno a la instalación de Audi en la entidad.

Así lo señaló Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla durante la presentación del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática. 

El caso, dijo, no debe atenderse como una cacería de brujas, con una perspectiva política: "lo que menos necesitamos es eso; lo que más necesitamos es que no haya impunidad y creo que este es un caso como muchos otros que seguro saldrán”.

"Creo que es un caso emblemático, de muchos otros que, supongo, irán surgiendo, pero que me parece que el gobierno entrante tiene la obligación de investigar y deslindar responsabilidades", añadió Hernández Avendaño.

El académico también resaltó la desconfianza social en organismos que en el pasado estuvieron acaparados por los gobiernos estatales.

El que sólo surgiera un interesado en presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) de Puebla, explicó Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio, es consecuencia del control que se tuvo ahí y en otras áreas como la de auditoria.

"Fueron capturados –los organismos-  por los gobiernos anteriores. Llegaron ahí personas afines a los gobernantes en turno y de alguna manera desdibujaron la naturaleza y el trabajo de estos organismos", comentó.

El Observatorio presentado hoy tendrá como objetivo analizar avances y retrocesos democráticos en las formas de participación social para fortalecer la democracia e identificar los alcances de las prácticas institucionales de participación social.

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