La institucionalización para atender violaciones graves a Derechos Humanos ha sido implementada a partir de los principales casos y no de manera preventiva, revela el Informe Retos para la transformación: trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a DDHH en México elaborado por Elementa, Consultoría de Derechos.

El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, realizó la presentación del informe.

La maestra Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina México de Elementa dijo que el Informe revela que en México hay un exceso de institucionalidad de la política pública donde se crean instituciones para cada problema. “Eso se ven en los casos. Crear oficinas para Ayotzinapa o Acteal, lo único que hace es complejizar la estructura, las funciones y atribuciones de las instituciones”.

Demichelis indicó que será fundamental aprovechar, fortalecer y dar más autonomía y presupuesto a las instituciones ya creadas, así como definir los perfiles idóneos para ocupar los altos cargos, y señaló como áreas de oportunidad la creación de instituciones para fomentar la memoria y derecho a la verdad, y la incorporación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la redacción de leyes y reglamentos.

La maestra Adriana Muro Polo, directora Ejecutiva de Elementa, explicó que el Informe se centra en el análisis de las dependencias de la Administración Pública Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretara de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de la Marina (SEMAR), así como de organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR), vinculadas con políticas públicas de derechos humanos.

En cuanto a la temporalidad, detalló que abarca los últimos cuatro sexenios (1994-2018) y a partir de ahí escogieron casos emblemáticos sobre desaparición forzada: ejecuciones extrajudiciales, incluidos asesinatos contra periodistas y defensores, y prácticas de tortura.

La maestra Rosario Arrambide González, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, comentó: “más allá de los aportes teóricos, el Informe permite observar las buenas y malas prácticas para que las dependencias puedan retomarlas y fortalecerlas o, en su caso, eliminar aquellas que son obsoletas o no han tenido un beneficio en la protección de derechos humanos”.

La doctora Jennie K. Lincoln, directora para América Latina y el Caribe del Centro Carter, advirtió que la responsabilidad de defender los derechos humanos debe ser compartida entre gobierno y sociedad civil, donde ambos deben saber cuáles son sus roles y se deben respetar los mismos. “La academia tiene la responsabilidad de apoyar al gobierno para ver la luz en la defensa de los derechos humanos”.