Una centena de afectados por el desalojo de Villas Periférico acontecido el 27 de octubre de 2017 e identificados como Movimiento 6 de septiembre, se manifestaron este lunes en la Centro de Justicia Penal ubicado en la 11 Sur pues acusan que la investigación sobre los hechos ha estado viciada por irregularidades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cerca del mediodía, los manifestantes  bloquearon la 11 Sur en los dos sentidos e impidieron el  paso de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulada (RUTA). En las siguientes dos horas se liberaron poco a poco los carriles.

De acuerdo con el abogado de los desalojados, Hilario Gallegos Gómez, el pasado 27 de junio la dependencia aprobó en cuestión de horas una petición de audiencia  por parte del abogado de Valentín Contreras Galindo, uno de los presuntos responsables investigados.

A la defensa de los vecinos se les avisó sobre la actividad apenas una hora antes de su realización y por la premura no fue posible su participación.

"Se asombran ellos porque cuántas personas están en espera de una audiencia, llevan días, llevan meses, llevan semanas en espera de una audiencia y no se les da esta audiencia y de manera extraña este jefe de causas, Francisco Javier Orozco Treviño el mismo día que recibe el escrito, el mismo día lo acuerda y el mismo día señala a las 17:00 horas la audiencia correspondiente", explicó.

Además de esta irregularidad, agregó, las autoridades de la FGE no han dado información completa sobre las armas utilizadas en el desalojo, a las autoridades de justicia federal que también investigan los hechos.

"El ministerio público no ha dado parte a las autoridades federales  por las armas que fueron encontradas el día de los hechos. Se habla de más de 30 armas( pero) sólo aparecen 12 armas en la carpeta de investigación y a la fecha no se ha dado parte a las autoridades", agregó.

El temor de los afectados, dijo el abogado, es que las irregularidades de la FGE correspondan a la protección de intereses de poder político y económico que involucran a los responsables del desalojo.

Ante estos hechos los inconformes demandaron audiencias con el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez.

A inicios de octubre de 2017, los vecinos ahora agrupados en el Movimiento 6 de Septiembre denunciaron que habían sido defraudados por las organizaciones Sopita de Letras y Trabajo y Pasión por México.

Esas agrupaciones permitieron ocupar 89 departamentos a cambio de un primer pago de 20 mil pesos y el compromiso de entregar otros 80 mil por familia, en el desarrollo Villas Periférico que se encuentra sobre el Periférico Ecológico y la 24 Sur.

Tras los primeros pagos las familias se encontraron sin embargo con que el inmueble era reclamado por cinco dueños, entre los que destacaban familiares del ex rector del a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibañez y la familia de empresarios López Chargoy.

Hacia finales de ese mismo octubre ocurrió el desalojo, ejecutado por personas armadas, durante el que se registraron heridos y se habría detenido a 23 responsables.

Foto: Especial