Opositores al Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan dieron a conocer este lunes que el 28 de marzo les fue concedido un amparo  que frena el proyecto luego que la comunidad indígena de Huitzilan, Coyomeapan se inconformara  por no haber sido consultada.

Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPAMN) dijeron que la resolución frena los permisos que entregó el gobierno federal en el sexenio pasado y obliga a la consulta. 

"Es decir, al cancelarse la licencia de impacto ambiental, todo el proyecto queda parado; aunque este fuese impugnado solamente por la comunidad de Huitzilan, la cancelación tiene efectos generales porque existe solamente un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para todo el proyecto hidroeléctrico", explicó Jesús Gutiérrez.  

Tras esta resolución, tanto las empresas Compañía Hidroeléctrica de Puebla y Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, como el gobierno federal tienen 10 días para interponer un recurso de revisión.

De optar por realizar la consulta, los miembros de la CNPAMN piden que se consideren asambleas previas en donde habitantes de Coyomeapan y los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez y Zoquitlán también afectados con el proyecto, lo rechazaron.

Asimismo destacaron que otros conflictos ambientales del país han demostrado que no existen condiciones para realizar consultas equilibradas, como ya sucedió con el Proyecto Integral Morelos (PIM) o con la consulta que se pretende realizar en Oaxaca.

De realizarse la consulta, agregó Violeta Valdéz, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, también deben tomarse en cuenta antecedentes de amenazas y represión hacia opositores del proyecto que han documentado. 

"Desde que la empresa promueve este proyecto hidroeléctrico en estos tres municipios de la Sierra Negra ha comenzado un ambiente tenso para los defensores del territorio que han sido más visibles.

"Algunos de ellos han recibido amenazas de muerte; hay quienes han recibido agresiones directas por grupos afines a la empresa, con grupos que han estado colaborando con autoridades municipales", dijo.

El año pasado, recordaron, una camioneta en la que viajaban los opositores de la hidroeléctrica fue incendiada mientras regresaban de un viaje de la Ciudad de México en donde denunciaron irregularidades.

En enero de este año uno de los activistas comenzó a recibir amenazas de muerte vía telefónica y otro más obtuvo los mecanismos de defensa del gobierno federal tras demostrar acoso.

Dentro de las presiones también enlistan el caso del activista Javier Izúcar quien se encuentra encarcelado tras un enfrentamiento entre opositores al proyecto y policía municipal de Coyomeapan, que se registró en 2018.

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