Aproximarnos a la presencia del Estado en la economía nacional nos obliga a recordar algunos momentos que debieron quedar marcados en la memoria de los mexicanos: procesos de nacionalización como la que se suscitó en materia petrolera a finales de los años cuarentas; crisis económicas como la de 1982 que generaría la efímera nacionalización de la banca en 1984;  replanteamiento de la política económica en 1991, que traería procesos de privatización en banca telecomunicaciones y ferrocarriles… un desfile de políticas nacionalistas contra privatizadoras que representan no sólo la toma de decisiones de los presidentes en turno, sino también de reformas a nivel constitucional que han marcado cambios en la forma de pensar y entender la relación sistémica entre derecho, economía y estado.

            Algunos investigadores han criticado de manera severa y un tanto fatalista las modificaciones que ha sufrido nuestro Estado,  lo que originó cambios radicales en su relación con el mercado, lo que ha originado “eliminación de barreras comerciales y de otro tipo a la competencia globalizada y de contracción del sector público[1]”, es decir, pareciera que la tendencia moderna requiere menor participación del Estado –lo que no es siempre sinónimo de menor burocracia o de mayor eficiencia y eficacia-. Lo anterior orilló a tomar decisiones apresuradas para realizar reformas neoliberales de cara a un mundo globalizado.

Consideramos importante mencionar detalles generales de las últimas administraciones federales, sólo con la finalidad de recordar algunos efectos (¿debiéramos referirlos como defectos?) económicos, más que jurídicos, para tomarse en cuenta, si es que en verdad se busca obtener resultados diferentes en beneficio de la población.

            En el gobierno de Ernesto Zedillo se heredaron los efectos de la transformación económica realizada por su antecesor Carlos Salinas, quien dicho sea de paso, reformó nuestra constitución, suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dejó incorporado a nuestro país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En el sexenio Zedillista nuestro país conservó la línea trazada… pero recordemos que “en 1998 los problemas financieros por cartera vencida, caída del precio del petróleo, baja de la producción agropecuaria y debilitamiento del mercado interno provocaron problemas sociales de difícil solución… el sistema económico y la política económica neoliberal fueron incapaces de proporcionar más y mejor educación, salud y vivienda”[2]. Sin duda no se alcanzaron los mejores resultados, pero el discurso político se enfocó a convencer que con el tiempo estos defectos se corregirían, por la mano invisible de los mercados.

            Demos un vistazo al “Encadenamiento de Series Históricas del PIB de México, 1970-2001”, elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, del cual se concluye que el crecimiento aproximado por año del PIB durante el gobierno de Salinas fue de 3.9%, mientras que el crecimiento de su sucesor alcanzó el 3.3% por año. Pero, ¿de que sirven estos fríos números cuando saltan a la vista los efectos negativos de la falta de crecimiento sostenido en nuestro país durante dicho periodo?

            Con el cambio de gobierno bajo la dirección de Vicente Fox, las esperanzas del ejercicio democrático se desmoronaron al conocer los resultados finales de las promesas proselitistas… el PIB no logró alcanzar el valor estimado al inicio de su gestión y para el cierre del sexenio sólo se logró el crecimiento en “una tasa promedio anual de 2.36%, una de las más bajas de los últimos sexenios”[3], lo que generó desempleo, subempleo y migración. En estos fenómenos no existe un conceso claro, respecto a si la falta de crecimiento generó los defectos en el desarrollo laboral, turístico y comercial, o fue el deficiente esquema de planeación en estos y otros rubros económicos, los que se evidenciaron con tan bajos porcentajes de crecimiento.

            En la administración de Felipe Calderón se sufrieron los embates de los efectos de crisis a larga distancia, como la griega y de la USA. Nuestras políticas públicas no variaron de manera radical, situación por la que no se logró el despunte en el crecimiento del PIB, por el contrario quien en campaña se ostentó como el “presidente del empleo”, fue criticado con los resultados del INEGI que en comunicado oficial señaló: “la comparación anual muestra un aumento en la tasa de desocupación (4.94% vs 4.80%), mientras que en la de subocupación se observa un descenso (6.8% vs 8.6%) durante diciembre de 2010 con relación al mismo mes de un año antes”[4]. Más desempleados al cierre de 2010, menos posibilidades de conseguir un segundo empleo para completar los ingresos[5]. Independientemente de lo anterior, la seguridad del pueblo se ha visto trastocada, así como la de inversionistas, empresarios, y hasta la de los propios representantes del Estado.

            Es complejo identificar un periodo nacional o internacional de perfecta relación económica y jurídica, de integración y de resolución perfecta de conflictos sociales, comerciales, políticos y legales, sin embargo es necesario retomar el análisis a los principios constitucionales que pretenden regular la compleja relación entre derecho y economía, con la finalidad de mejorarlos y en su caso, superar aquellos que estén ajenos a resolver la confusa realidad del México moderno, que transita entre lo público y lo privado para las conveniencias de los actos políticos en turno… ese reto es compartido no sólo del máximo mandatario de país, sino de todos aquellos mexicanos comprometidos con su patria. Pensemos que todos nos ocuparemos de nuestros deberes, así en un mundo utópico, la meta proyectada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para un “México Próspero” arrojará saldos positivos al final del sexenio en materia de Estabilidad Macroeconómica, Acceso al financiamiento, Empleo, Desarrollo Sustentable, Acceso a servicios de Telecomunicaciones, Energía, Fomento económico, Infraestructura de Transporte, Minería, Sector agroalimentario, Sector Turístico y Desarrollo Regional, o de lo contrario, la NACIÓN lo demandará.

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