En el último trimestre de su administración, el ex gobernador Antonio Gali Fayad vetó ocho de 11 iniciativas de reformas aprobadas en el Congreso de Puebla por los 22 diputados de Morena, Encuentro Social y PT.

En esa condición se encuentran los dictámenes para abrogar la Ley de Bala, la designación de un encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, la prohibición para la instalación de anuncios espectaculares en áreas verdes y retirarle a la Secretaría de Desarrollo Rural el control de los mismos.

Así como los cambios hechos a la Ley de Seguridad Pública, el devolverle al Congreso la facultad de revisar y autorizar las tarifas del servicio de agua potable y el reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) como deuda pública.

Las reformas que impulsaron y autorizaron las bancadas de los tres partidos que conformaron la alianza “Juntos Haremos Historia”, van en contra de mecanismos que se autorizaron durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y el gobierno de 20 meses de Antonio Gali Fayad.

De las 11 iniciativas, las únicas que entraron en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado son las reformas hechas a la Ley Orgánica Municipal para restituir el registro civil a las juntas auxiliares y el procedimiento para nombrar a los presidentes municipales sustitutos, así como la derogación del artículo 5 Bis de la Ley de Expropiación.

Freno a reformas que afectaban al morenovallismo

Antes de dejar el gobierno del estado, Gali Fayad hizo observaciones a las reformas hechas a las Leyes del Agua, de Proyectos para la Prestación de Servicios, de Deuda Pública y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las modificaciones hechas al primer ordenamiento permitirían al Congreso contar nuevamente con la facultad para revisar y autorizar las tarifas de cobro por el servicio de agua potable del cual se encarga Concesiones Integrales, empresa a la que el gobierno le cedió por 30 años la administración del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

El segundo paquete de reformas -las cuales incluyeron los tres últimos ordenamientos citados-, contempla el reconocimiento de los Proyectos de Prestación de Servicio (PPS) como deuda pública.

Bajo ese esquema, en el sexenio de Rafael Moreno Valle se construyeron el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de Audio y el Museo Internacional Barroco, obras que ascienden a 22 mil 554 millones de pesos.

En noviembre, último mes de la gestión de Gali Fayad, también se informó al Congreso que se vetó la reforma hecha a la fracción I del artículo 129 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, con la cual se eliminaba el candado que frenaba disminuir el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Otros dictámenes que fueron observados y que hasta el momento no se han corregido por parte de los diputados, son: los dos proyectos de modificación a la Ley de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable con el que se retiró la facultad para que la extinta Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial expida las licencias para la instalación y colocación de los anuncios espectaculares y la prohibición para que éstos se colocaran en áreas verdes.

También se vetó el proceso de designación del Fiscal contemplado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y tras conocer de la negativa del ex mandatario para aplicar la reforma, los diputados de Morena, Encuentro Social y PT promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, en dos ocasiones, Gali Fayad vetó la abrogación de la Ley Bala y los cambios a los artículos 33 bis, 33 ter, 33 quater, 33 quinquies y 33 sexies de la Ley de Seguridad Pública del Estado, los cuales se hicieron para establecer los mecanismos bajo los que los policías actuarían en caso de manifestaciones y bloqueos de vías de comunicación.

Foto: e-consulta