Antes de concluir con su gobierno, Antonio Gali Fayad vetó las reformas a la Ley del Agua del Estado de Puebla, con las que se restituía la facultad para que el Congreso revisara y autorizara las tarifas por el servicio de agua potable y que su cobro se realizara de manera bimestral.

Sin dar detalles de los argumentos presentados por el ex mandatario, José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva, aseveró que las observaciones hechas al dictamen aprobado el 26 de noviembre son de tipo político y jurídicas.

De las modificaciones que impulsaron diputados de Morena, Encuentro Social, PT y la priísta Rocío García Olmedo, sólo se aprobó por unanimidad la correspondiente al artículo 109, en el cual se consideró que el pago que realizan los usuarios a Concesiones Integrales -empresa que desde 2014 se hace cargo del SOAPAP- pasara de mensual a bimestral.

En contraste, las bancadas del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla, PVEM y PRI fueron en contra de los cambios a los artículos 116, 117 y 118 en los que se planteó que la estructura tarifaria que establezca el concesionario tendrá que ser revisada y autorizada por el Congreso.

Las reformas con las que se intentó devolverle al poder legislativo la facultad de validar la estructura tarifaria las impulsó Espinosa Torres, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT).

El dictamen que validó el bloque de Morena, Encuentro Social y PT pretendió dejar sin efecto la reforma que el ex gobernador Rafael Moreno Valle envió en marzo de 2014 a la LIX Legislatura.

La aprobación de esa iniciativa permitió que el cobro del servicio potable pasará de ser bimestral a mensual, le retiró al Congreso la facultad de revisar y autorizar la estructura tarifaria, estableció los diferentes tipos de uso de agua, dividió a la capital y la zona conurbada en siete estratos económicos, así como que el criterio para el pago dependería del consumo de litros.

La privatización del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), arrancó en septiembre de 2013 con una reforma que validaron los diputados de la LVIII Legislatura, misma que fue propuesta por Moreno Valle.

Tras aprobar la reforma, en diciembre de 2013, el gobierno del estado entregó a Concesiones Integrales el control del SOAPAP por un periodo de 30 años.

Con las observaciones hechas a la reforma a la Ley del Agua del Estado, la LX Legislatura suma ocho vetos a cargo del ex mandatario estatal.

Dentro de las reformas que no han logrado su publicación en el Periódico Oficial del Estado para así entrar en vigor, se encuentran: la de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como a las Leyes de Expropiación del Estado, a la Orgánica Municipal, de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable, a la de Seguridad Pública, la de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior así como la abrogación de la llamada Ley Bala.

Foto: e-consulta