Se ha venido insistiendo que este año que inicia, debe ser definitivo en la implementación de las acciones necesarias para impulsar la detonación del cambio, que generará la aprobación de las reformas estructurales. En efecto, el trabajo titánico de transformación del obsoleto marco jurídico que se había heredado, se encontrará inconcluso si no se asientan las leyes secundarias, que le den, la forma operativa al cambio conceptual que logró el Gobierno de la República, dentro de los términos y los tiempos propuestos, gracias a un gran trabajo de consenso y convencimiento con todas las fuerzas políticas comprometidas con el futuro del país. Este ejercicio de consensos deberá permanecer para avanzar en la ruta crítica de implementación. Será deseable que se encuentren los mecanismos de diálogo, más adecuados para sustituir el “Pacto por México”, que en la práctica demostró su efectividad y no pudo pasar más allá, de un año, como resultado de la altísima presión, al que fue sometido, cuestión que resalta la valiosa contribución que dio para escribir las nuevas páginas de éxito en la historia nacional.

Pero al mismo tiempo, al gran esfuerzo de los cambios estructurales, van acompañados con acciones institucionales que reforzarán el cumplimiento de los objetivos de este Gobierno, es decir, romper con las inercias del pasado, que limitan el ver resultados, en temas: como el combate a la pobreza, la seguridad, el cuidado del medio ambiente, el impulso al campo, etc.  Así, una vez pasado el año 2013, muy acotado por reglas y normas heredadas de los anteriores gobiernos, este nuevo año 2014, da paso a un nuevo marco normativo más acorde con el discurso y la visión del Presidente Enrique Peña Nieto. A partir del 1 de enero de este año, entrarán en vigor nuevas reglas de operación para los programas federales, encaminadas a privilegiar la integralidad en el trabajo, la complementariedad de apoyos, la coordinación interinstitucional y la nueva filosofía de la democratización de la productividad. En efecto, la mayor parte de las dependencias federales sometieron su marco normativo, a una profunda revisión conforme a las instrucciones presidenciales, para hacer mejor la operación de los programas, lograr la comunicación entre ellos y las dependencias responsables. Este importante ejercicio no busca otra cosa, más que trasladar al escenario del campo de trabajo, el discurso de una política de cumplimiento de derechos, en donde lo que importa son los resultados, en el mejoramiento del bienestar social y no solo la frialdad de los números, que miden el desempeño gubernamental.

En el caso específico de los programas sociales, la SEDESOL a lo largo del año, emprendió una ardua tarea para ir modificando las reglas de operación de los 15 programas que tiene a su cargo, para efecto de poder hacer las adecuaciones necesarias y cumplir en primer término con las indicaciones presidenciales. Así, se mejoraron tanto la mecánica operativa, como la focalización y cobertura en los programas que atienden: FONART, LICONSA, DICONSA, o particulares, como el de Atención al Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), 3x1 para Migrantes, Opciones Productivas; los que tiene a su cargo el INDESOL, hasta culminar con el rediseño de Oportunidades, el mayor programa social del país, el cual se interconectará con los demás programas para incrementar la cobertura de la población objetivo, al dar preferencia a sus familias, como forma de impulsar, que abatan con mayor eficiencia, las carencias sociales que enfrentan.

Esto dio como resultado, que haya cambios sustanciales en la nueva operación de los programas, más acordes a la visión integradora del actual Gobierno. De esta manera, los objetivos planteados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrán ser más accesibles en la manera de enfrentarlos, al homogenizar el marco de atención de la población en condiciones de pobreza extrema. Pero con el gran valor agregado, de que este trabajo renovador que impulsó la Secretaria Rosario Robles, se trasladó a otras Secretarías para complementar la eficiencia buscada en los programas federales. Así SEDATU, SEP, SAGARPA, INAES, SALUD, por citar algunas, contemplan en sus reglas de operación la transversalidad, tan reclamada para sumar esfuerzos colectivos e ir desterrando el aislamiento operacional y presupuestal, que tanto perjudicaba a los beneficiarios que necesitan de una visión integradora del desarrollo social. Ahora el gran reto es lograr una adecuada implementación de las modificaciones realizadas a los programas, dejando de igual forma atrás, la inercia mental que muchas veces limita “el jugar en equipo”, cosa que no solo es necesaria, sino indispensable para el verdadero éxito, de esta nueva conceptualización de las políticas públicas.

Por eso, con todo el cambio resultante de la paulatina implementación de las reformas y las modificaciones normativas, el 2014, deberá pasar a la historia como el año en que transformamos el discurso en hechos. Y de esto iremos hablando en los próximos meses.