Los jueces acusaron de intromisión al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que el Poder Ejecutivo busca debilitar al Poder Judicial.

Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, aseguró que se ha propalado un discurso en el que se acusa a jueces y magistrados de vivir colmados de privilegios a expensas de los recursos públicos.

“Un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”.

Afirmó que en una democracia no tienen cabida los jueces débiles y que los salarios que reciben no son un privilegio, sino una garantía de independencia.

“En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida, como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles, al servicio de nadie; la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura”.

Indicó que las campañas de desprestigio en su contra buscan debilitarlos y que quienes lo hacen sólo buscan beneficios personales.

“El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”.

Luis Vega Ramírez precisó que la independencia no es un manto de impunidad, sino un derecho del ciudadano de tener un juez que lo defienda del abuso de las autoridades.

“La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano de cada uno de los mexicanos para poder tener un juez federal que lo defienda de los abusos de las autoridades, porque no puede llamarse democrático un país donde no haya contrapeso de poderes”.

Afirmó que varias de las medidas que ha implantado el Congreso de la Unión están dirigidas a facilitar la intromisión de otros poderes en la Judicatura.

“Se dirigen de manera frontal y sistematizada a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”.

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