El retraso en la terminación de obras por problemas administrativos o hasta climatológicos provocó que su documentación no se presentara a tiempo en la última revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó al gobierno de Puebla, quien calificó esa situación como posibles anomalías en el gasto público.

Así lo afirmó este lunes el contralor estatal Rodolfo Sánchez Corro, quien aseguró que en octubre pasado se entregaron los oficios pendientes, por lo que esperan que en próximos días el máximo órgano fiscalizador del país los tome en cuenta y con ello solventen las observaciones que hizo.

Como resultado de la revisión a la cuenta pública federal 2017, la ASF observó en Puebla 1 mil 90.7 millones de pesos, cantidad de la que 786.1 millones fueron distribuidos a los municipios y 304.5 millones correspondientes a observaciones realizadas directamente a la administración estatal, dijo el funcionario.

Justifican observaciones

En conferencia de prensa, explicó que por contratiempos administrativos algunas obras tuvieron que ser aplazadas. En otros casos, factores como la lluvia retrasaron los proyectos que ya se ejecutan y su documentación tampoco estaba lista cuando la ASF realizó su auditoría.

El organismo fiscalizador interpretó esa situación como un posible manejo irregular de los recursos federales que Puebla recibió en 2017, dijo Sánchez Corro, quien explicó que a mediados del mes de octubre pasado se entregó la documentación faltante.

De cualquier modo, dijo el funcionario, el gobierno del estado cuenta con un periodo de 30 días para solventar las observaciones, a partir de que la ASF entrega su informe a la Cámara de Diputados, lo que ocurrió la semana pasada.

“Las observaciones básicamente se refieren a falta de documentación comprobatoria, pero esto no quiere decir que así sea la situación, lo que pasa es que la ASF hace un corte en determinado periodo y como saben, hay muchas obras que sus programas de trabajo abarcan dos ejercicios o durante todo el ejercicio en curso y cuando hace el corte la ASF dice: falta la documentación comprobatoria”, dijo.

Sánchez Corro explicó que de los 304.5 millones de pesos que el organismo observó a la administración estatal, 134.4 millones de pesos corresponden al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).

Otros montos por 165.4 y 3.3 millones de pesos corresponden a los fondos de Aportaciones Múltiples (FAM) y de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

La ASF también cuestionó la aplicación de 1 millón 2 mil pesos y de 290 mil pesos que la entidad recibió de la federación a través de los fondos de Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

“En el caso del FISE, son 290 mil pesos y es un monto muy pequeño en comparación con los recursos que el gobierno recibió por ese fondo”, argumentó.

Foto Agencia Enfoque