Un año y cinco meses después de que la LVIII Legislatura aprobó el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de José Alfredo Arango García, la Comisión Inspectora todavía no informa si el ex titular de la Secretaría de Salud logró comprobar irregularidades por 8 mil millones 464 mil 383 pesos.

Este día se dio a conocer que tras permanecer dos años recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, el ex funcionario marinista podrá obtener su libertad debido a que conmutará la pena de cuatro años que le dictó el juez octavo de lo penal, Celestino Martínez Bones.

Procesos por separado

En julio de 2012, Mario Riestra Piña, entonces presidente de la Comisión Inspectora dio a conocer que el proceso penal que enfrentaba Arango García, era independiente  de las irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), hoy Auditoría Superior del Estado (ASE).

Incluso, el diputado panista señaló que una vez que concluyera el IPADR en contra el marinista, sería la propia ASE la que pondría a consideración de la Comisión Inspectora si Arango García recibiría como sanción una inhabilitación o se le tendría que iniciar otro proceso penal.

El 31 de julio de 2012, el pleno del Congreso del Estado aprobó el Inicio de Procedimiento Administrativa de Determinación de Responsabilidades (IPADR), contra Arango García por no comprobar el uso de 8 mil millones 464 mil 383 pesos correspondiente a la cuenta pública 2010.

Deficiencias administrativas

Como presidente de la Comisión Inspectora, Riestra Piña detalló que durante la revisión del ejercicio fiscal correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, se detectaron más de 225 observaciones, un daño patrimonial por 6 mil 658 millones 657 mil pesos y una deficiencia administrativa por mil millones 805 pesos.

De las anomalías que el ex funcionario no solventó, se encontraron gastos sin documentación, obras sin fianzas de vicios ocultos, falta de contratos, la duración de los mismos y el nombre de los proveedores, la inexistencia de padrón de contratistas, entre otras.

En cuanto al daño patrimonial, se detectó el uso 33 millones de pesos  a favor de Farmacias El Fénix, pero no se cuenta con las facturas comprobatorias; 37 millones de pesos por gastos sin confirmar en servicios de lavandería, higiene y fumigación; 8 millones de pesos por compra de equipo médico y de laboratorio; además de 119 millones de pesos en gastos correspondientes al programa del Seguro Popular por mantenimiento y conservación de inmuebles.

En el 2010, el último año en el que fungió como titular de la SSA, Arango García autorizó el pago de 174 millones 515 mil pesos a favor de Farmacias El Fénix.

Un informe publicado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), en el último año de gestión del marinista, se erogaron 190 millones de pesos en compra de medicamentos.

El expediente precisa que la farmacéutica El Fénix obtuvo ganancias por 174 millones 515 mil pesos, de las cuales en el primer semestre del 2010 reportó ingresos por 32 millones 279 mil pesos, y para los últimos meses del mismo periodo registró 142 millones 235 mil pesos por la comercialización de  13 millones 56 mil fármacos.

El 12 de enero, Arango García fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito, denuncia que promovió el gobierno estatal, y tres días después el Juzgado Octavo de lo Penal dictaminó el auto de formal prisión.

Congreso tiene pendiente la cuenta pública 2011

La Comisión Inspectora todavía no analiza la cuenta pública 2011 (1 al 31 de enero) de Arango García, señaló Ernesto Levya Córdova, coordinador de los diputados del PRI e integrante de dicho órgano legislativo.

En entrevista, el priísta comentó que los abogados del extitular de la SSA se acercaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que se le admitieran pruebas sobre las irregularidades que se detectaron en el ejercicio fiscal de su cliente.

No obstante, Leyva Córdova refirió que la posible salida de Arango García es un tema que está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), y que los procedimientos detectados por la ASE tendrán que ser resueltos en el poder legislativo.

"El señor tenía la responsabilidad de cubrir los delitos que se le imputaron, es un tema de la Procuraduría General de Justicia y de la defensa, si por medio de la ley puede pagar por multa -para librar la cárcel- es un tema que el juez dictamina", precisó el legislador.