La corrupción en México equivale hasta 10 por ciento de 21.9 millones de millones de pesos anuales, cifra total del Producto Interno Bruto (PIB) de 2017. Este crimen social no es privativo de nuestro país y es necesario combatirlo con un marco jurídico internacional, que identifique, prevenga y castigue sus mecanismos de operación, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

“Con esta cifra, podemos sugerir que los programas de apoyo social y de desarrollo en el país podrían ser más extensos y exitosos”, agregó al inaugurar el Primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018.

En el auditorio Alfonso Caso, Graue explicó que en el congreso se analizará el marco jurídico para combatir el terrorismo, la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud, así como el combate al tráfico de drogas, todos ellos temas esenciales para la agenda nacional, a fin de vivir dentro de un régimen de justicia, derechos y paz.

Respecto al tráfico de estupefacientes, indicó que la violencia e inseguridad en México se relaciona con las medidas que se han tomado para combatirlo y que han cobrado cientos de miles de vidas.

“Algo distinto tenemos que hacer con la política antidrogas y los marcos jurídicos nacionales e internacionales, los cuales pueden ir desde la legalización y prevención, hasta las estrategias contra el narcomenudeo, acompañadas de castigos más eficientes al tráfico de armas”, remarcó.

De igual manera, prosiguió, urge erradicar la trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo estimó que en 2016 más de 40 millones en el mundo fueron víctimas de alguna forma de explotación: casi 25 millones en trabajo forzoso y más de 15 millones en matrimonio no consentido.

“Desafortunadamente, somos un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, sobre todo para fines de explotación sexual y, recientemente, de explotación laboral, vinculada al narcotráfico. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2012 a 2015, de casi tres mil víctimas, nueve de cada 10 fueron mujeres y niñas.

“Los responsables de esta forma de esclavitud deben ser castigados en cualquier régimen, sin importar las fronteras que hayan cruzado”, remarcó el rector.

Sobre el terrorismo, aseveró que no podemos ser ajenos a este problema. Sin embargo, la solución no está en hacer muros o impedir la migración: “debe de ser el entendimiento y la cooperación internacional”.

El presidente de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate, Cuauhtémoc Cárdenas, destacó que la Universidad Nacional es la institución de educación superior más importante y la de mayor trascendencia social en la vida del país, por lo que las contribuciones que haga para dar respuesta a estas problemáticas sensibles serán muy valiosas.

En su oportunidad, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aseguró que siempre será un aliado de la Universidad Nacional, en cualquier momento y circunstancia.

Asimismo, afirmó que esperará las conclusiones del congreso para que sean aprovechadas por el Poder Legislativo en temáticas como la regulación de las drogas y el nuevo sistema penal acusatorio, entre otros.

El académico de la Facultad de Derecho (FD), Eduardo López Betancourt, comentó que se han buscado soluciones para el tráfico de drogas, de personas, y el lavado de dinero, pero éstas han sido insuficientes o ha habido multiplicidad de leyes. Las conclusiones del evento académico, agregó, se entregarán al gobierno entrante porque la Universidad Nacional está al servicio del pueblo.

A la inauguración del congreso, en el que participarán 140 ponentes de toda la República y más de 50 académicos e investigadores de Argentina, Austria, Chile, Cuba, España, Perú y Uruguay, asistieron también la abogada general de la Universidad, Mónica González Contró; y el director de la FD, Raúl Contreras, entre otros.

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