Debido a dos ejecuciones arbitrarias, tortura a 12 personas, la detención ilegal de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la “siembra” de armas largas en dos personas muertas en Palmarito Tochapan en mayo del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

El organismo además acreditó “violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad” atribuibles a Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), estos dos últimos del estado de Puebla.

El 3 de mayo del año pasado hubo un enfrentamiento entre presuntos ladrones de combustible y personal de corporaciones de seguridad en la comunidad de Palmarito, perteneciente al municipio de Quecholac, que dejó un saldo de 10 personas muertas -6 civiles y 4 militares-, 26 lesionadas -14 civiles y 12 militares- mientras que 13 más fueron detenidas -9 adultos y 4 menores de edad-.

Esta recomendación es la segunda por violaciones graves que se dirige al gobierno poblano, después de que en 2014 se documentaron afectaciones a las garantías individuales de pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Con ejecuciones se violentó el derecho a la vida

Según las indagatorias de la Comisión, al lugar del enfrentamiento del 3 de mayo de 2017 ubicado en las calles Hidalgo y 10 Norte, llegó una camioneta BMW, cuya marcha fue detenida por disparos hechos por elementos del Ejército.

Posteriormente, el conductor bajó del vehículo sin poderse sostener en pie. Un militar lo trasladó hasta una acera en donde disparó en su contra. Acto seguido, armas fueron colocadas de manera deliberada junto al cuerpo de la víctima para que pareciera un agresor.

Así, la CNDH concluyó que un militar incurrió en un uso excesivo de la fuerza letal que derivó en la ejecución arbitraria de una persona.

Sobre este caso existe un video en el que se aprecia el momento en que un efectivo militar dispara en contra de un hombre que yace en el suelo.

Manipularon cadáveres

La CNDH identificó que unas de las víctimas sufrió una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la mejilla, por lo que el escurrimiento de sangre debería ubicarse en esa parte del cuerpo; sin embargo, el cadáver presentó manchas en el rostro, hombro, parte del brazo y en la parte superior del pantalón del lado izquierdo.

“A pesar de que la víctima no sufrió lesiones en las extremidades inferiores, presentó manchas al parecer hemáticas en la parte inferior de la pierna izquierda del pantalón que vestía, así como en el calzado, observándose además manchas rojizas sobre el piso posterior del asiento del conductor” del vehículo en que viajaba, se indica en la recomendación, al subrayar que no se pudo comprobar el origen de los otros manchones.

La Comisión acusó que en el caso de Palmarito faltó colaboración de la PGR para realizar las investigaciones sobre el enfrentamiento entre presuntos “huachicoleros”,elementos de seguridad pública y militares, lo que se tradujo en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas y sus familias.

Detenciones arbitrarias

Tras el enfrentamiento el 3 de mayo, fueron detenidas 13 personas, incluidos 4 menores de edad; sin embargo no se acreditó la responsabilidad penal en seis casos, nunca hubo orden de aprehensión previa ni elementos para justificar las aprehensiones, lo que representó una violación a la libertad de las personas y a la presunción de inocencia.

Un ejemplo es lo que ocurrió con uno de los adolescentes, ya que si bien los militares declararon que fue aprehendido cuando circulaba en una motocicleta relacionada con el enfrentamiento, en realidad fue bajado de una camioneta Ford Ranger, sin que hubiera motivos para asegurarlo.

En otros dos casos, los jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Tecamachalco acusados de incitar a otros civiles para que privaran de la vida a los militares, pero la Comisión comprobó que se desvirtuó el actuar de los menores para señalarlos penalmente.

Violentan la integridad personal

Las víctimas sufrieron lesiones físicas innecesarias, según la CNDH, ya que estas fueron producidas por proyectiles de arma de fuego utilizadas por militares sin justificación.

Por otra parte, menores de edad fueron aprehendidos la mañana del cuatro de mayo, pero llegaron al MP casi un día después, hecho que representa una violación a los derechos de los niños.

Investigaciones no se judicializan y detenidos quedan en libertad

En este sentido, la CNDH expresó su preocupación debido a que las indagatorias sobre el robo de combustible no provocan el inicio de procesos penales y porque los detenidos por estos delitos no son presentados ante la autoridad competente.

“La CNDH observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos”, acusó en su escrito.

SSP emitió dictámenes físicos incompletos

La Comisión ubicó que la SSP de Puebla incurrió en omisiones o inconsistencias en los dictámenes que su personal médico emitió sobre la integridad física de los lesionados, ya que no reportó daños que sí tenían, por lo que recomendó al Consejo de Honor y Justicia de la dependencia, iniciar procedimientos administrativos en contra del personal a cargo de emitir los citados informes.

En tanto, a la FGE se le requirió seguir con las carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad.

Señalan anomalías en necropsias

La investigación ubicó irregularidades por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en las necropsias que elaboró de las víctimas, ya que estas carecieron de una descripción minuciosa de las lesiones que presentaron, así como los lugares anatómicos de las mismas y sus características, además no emplearon testigos y remitieron dos versiones distintas de dichos dictámenes.

Por ello, se le solicitó colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina del TSJ en contra de los peritos responsables de las autopsias practicadas a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad.

Va recomendación contra Sedena y gobierno de Puebla

Así, la CNDH recomendó al gobernador José Antonio Gali Fayad y al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres.

A la PGR se le requiere continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar.

La CNDH solicitó a PEMEX colaborar en la integración de carpetas de investigación, que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas, ya que tras la refriega del 3 de mayo los asegurados permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.

El huachicol, impune en Puebla

La CNDH destacó además “la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos” en el estado de Puebla, ya que las personas detenidas no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso.

“Ello, con independencia de la marginación y rezago que privan en comunidades de la “Franja del Huachicol” y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes, disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad”.

Foto Diseño e-consulta