A un año del asesinato de la universitaria Mara Castilla Miranda en el que estuvo involucrado un chofer del servicio ejecutivo Cabify, las medidas de seguridad que impuso la empresa vuelven a cuestionarse ante el caso de una usuaria que padeció una situación de riesgo durante un viaje y no encontró respuesta oportuna.

Entre las 19:00 y las 20:00 horas del pasado viernes 7 de septiembre, Pamela M. realizó un viaje desde su trabajo en la zona metropolitana a su domicilio en una colonia céntrica de Puebla y en el trayecto el operador se masturbó, mientras viajaban con los seguros para niños puestos.

"Agarra su saco, se me queda viendo y se lo pone en las piernas, la verdad sale uno del trabajo, va cansado etc., y yo iba en el teléfono", relató en entrevista. 

Al sentirse en riesgo intentó hacer uso del botón de alerta que forma parte de la aplicación como parte de las medidas consideradas tras el caso de Castilla Miranda, pero en los casi 20 minutos que duró el viaje, este no funcionó.

"Les puse ‘me sentí insegura’, porque para esto tienen lo de S.O.S., pero la aplicación es una porquería, se abre, se cierra, se abre se cierra", dijo.

Ante la falla de la aplicación, la única opción que le quedó fue externar la situación a su novio mediante mensajes y acordar que le llamara, para que en altavoz el chofer escuchara que bajaría antes pues la estaban esperando a cuadra y media de su destino original.

Tras llegar a su casa la usuaria intentó hacer contacto con la empresa y se encontró con que, a diferencia de otras plataformas que ya había usado como Uber, no había registro fotográfico del operador y la plataforma indicaba que había terminado el viaje en el lugar inicialmente solicitado.

Desde el día de los hechos escribió unas cinco veces a las redes sociales de la empresa sin que existiera una respuesta formal y sólo destacaron mensajes con un folio y en los que se advertía que para dar seguimiento a su queja se requerían evidencias fotográficas.

Este lunes, a 10 días de no haber respuesta la usuaria decidió hacer público lo sucedido en sus redes sociales y al viralizarse Cabify la contactó entonces para explicarle que pueden poner a disposición la información del operador, pero que se requiere una denuncia formal.

El acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) es una medida que ella ya había considerado y que espera concretar en las próximas horas, pues considera que se trató de un tipo de acoso sexual y una situación de riesgo sancionable.