Revisar las licitaciones de obra pública, supervisar las líneas del transporte y solicitar a la dependencia del ramo un padrón de los operadores de las unidades, forman parte de las nuevas facultades que tendrá la Contraloría del estado a través de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Transporte, propuestas por el gobernador Rafael Moreno Valle.

A dos días de que concluya la gestión de la LVIII Legislatura, el mandatario estatal envió un paquete de 15 proyectos, mismos que se analizarán entre viernes y lunes, con el fin de que los diputados aprueben las iniciativas en una sesión extraordinaria, prevista para el 16 de diciembre.

Las propuestas se analizarán, discutirán y aprobarán en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la panista Josefina Buxadé Castelán.

Eukid revisará concesiones, permisos y licencias

En el caso de las reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública y del Transporte, se establece que la Secretaría del Transporte (ST) y la Contraloría a cargo de Eukid Castañón Herrera podrán celebrar de manera conjunta o separada, convenios de coordinación y colaboración, contratos e instrumentos jurídicos con dependencias federales, estatales y municipales, para atender la problemática del sector.

Se plantea que el contralor tendrá dentro de sus atribuciones el dictar medidas para poner a disposición de las autoridades competentes a los conductores o a los vehículos del servicio público de transporte y del servicio mercantil que infrinjan la normativa; vigilar el cumplimiento de las tarifas, itinerarios, recorridos, horarios y frecuencias estipuladas para el servicio público.

También podrá “acceder” a los registros de datos de las concesiones, permisos y licencias; emitir lineamientos, políticas, acuerdos y circulares para cumplir con las atribuciones de supervisión, vigilancia y revisión.

La iniciativa incluye la puesta en marcha del “Servicio de Transporte Complementario”, el cual de acuerdo con el artículo 34 Quáter de la Ley del Transporte, lo impulsará el gobierno del estado y tendrá como fin el traslado terrestre de pasajeros con fines turísticos, culturales o de esparcimiento.

En el artículo 85 se advierte que los concesionarios y permisionarios tienen la “obligación” de capacitarse, mientras que en el apartado 85 Bis se establece que estos mismos tiene que informar a la ST y a la Contraloría, el nombre y datos personales de los conductores o choferes con quienes se tenga relación.

Manga ancha para vigilar licitaciones en obra pública

Con las modificaciones a la Ley del Obra Pública del estado, se abre la puerta para que el titular de la Contraloría, Eukid Castañón Herrera, vigile los procedimientos de adjudicación de obras o servicios, declare la recisión de los contratos y que los ayuntamientos le informen sobre las anomalías que se den en la ejecución de las obras.

La propuesta  plantea reformas y adiciones a 20 artículos y sus diferentes fracciones, dentro de las cuales se estipula que el titular de la Contraloría tendrá injerencia en los procesos de licitación o adjudicación de obras a nivel estatal y municipal.

Destaca el artículo 57, en el cual se propone que la durante los procesos de calificación, adjudicación, contratación o vigencia de calificación, la Contraloría podrá  “verificar la veracidad de la información” que proporcionen los solicitantes.

En conjunto con los Comités de Obra Municipales y la dependencia estatal, administrarán un listado de laboratorios calificados para que realicen pruebas a las obras.

En la fracción VII del artículo 72 se indica que aquellos contratistas que hayan sido notificados del  inicio de un procedimiento tendrán un plazo de tres días hábiles para devolver la documentación que se la haya entregado y generado, ya que de no hacerlo, se informará a la Contraloría para determine qué acciones se emprenderán.

Los ayuntamientos tendrán la obligación de informar a la Contraloría sobre anomalías en las obras, para que se apliquen las sanciones correspondientes, entre ellas, una multa equivalente a 50 o 5 mil días de salario vigente en la zona económica del estado.