Un exhorto a los 32 estados del país para garantizar la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, así como cesar el acoso contra activistas y líderes sociales, aprobó la Comisión de Trabajo de Gobernación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

El dictamen, que será puesto a consideración de los legisladores este miércoles, en el que se incluye la rúbrica del senador sin grupo parlamentario, Javier Lozano Alarcón, se exponen los casos de las detenciones de activistas en Puebla como Enedina Rosas Vélez realizadas durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien fue su aliado político.

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La Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a la Policía Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, así como a los gobernadores de los estados a coadyuvar a un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos.

En el documento se exhibieron casos de Puebla, como el de Enedina Rosas, comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, detenida de forma arbitraria por participar en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua , con presencia en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, el 6 de abril de 2014.

También se presentó el caso de tres jóvenes acusados de conspiración y motín, y señalados en los medios de comunicación como supuestos terroristas, por el hecho de publicar en Facebook su decisión de participar en una manifestación pacífica.

Otro caso evidenciado es del Adán Xicaley de su hijo Alejandro Paul Xicale Coyopol, y los hermanos Primo Manuely Albino Tlachi Álvarez, todos habitantes de San Andrés Cholula, Puebla.

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Agresiones contra migrantes

En el exhorto propuesto por la senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se hace alusión al más reciente informe de Amnistía Internacional, denominado "Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso", en el que se denuncian las agresiones y criminalización de los defensores de derechos humanos, los maltratos de las autoridades a los migrantes y falta de respuesta por parte del gobierno a activistas y periodistas ponen al país en situación de riesgo.

Entre otros conceptos el punto de acuerdo exige a las autoridades celeridad a las investigaciones que realizan, en el marco de la defensa de los Derechos Humanos de activistas y líderes sociales.