Este viernes, el Congreso del estado presentará el nuevo decreto de límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula, el cual sería “justo e inatacable”, consideró  Mario Riestra Piña, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Aunque los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no han adelantado el contenido del dictamen, fuentes del poder legislativo comentaron que la capital se quedará con el cobro de impuesto a los establecimientos y colonias  ubicadas desde el Centro Comercial Angelópolis hasta el Tecnológico de Monterrey, mientras que San Andrés Cholula conservará la recaudación que generan los complejos residenciales ubicados en la zona del río Zapatero.

Ambos ayuntamientos se disputan una franja de 8.5 kilómetros, en la que se asientan 33 colonias y tres desarrollos comerciales, viven 43 mil 740 ciudadanos, siendo Concepción La Cruz, Fraccionamiento Camino Real a Cholula, Concepción Guadalupe y el Fraccionamiento Concepción los que concentran el mayor número de habitantes.

En el caso de Concepción La Cruz cuenta con 5 mil 707 vecinos; el Fraccionamiento Camino Real a Cholula, 4 mil 176; Concepción Guadalupe, 3 mil 103; y el Fraccionamiento Concepción 3 mil 29 habitantes.

En la zona en disputa  está la colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, en la cual se ubica el Tecnológico de Monterrey, el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Ecoparque Metropolitano.

De los tres inmuebles, sólo el primero señala en su dirección que pertenece al municipio de Puebla, mientras que el CCU y el Ecoparque indican que son parte de San Andrés Cholula.

La recaudación de la zona limítrofe oscila entre 40 y 50 millones de pesos, además que se estima que hay 10 mil cuentas de predial, mismas localizadas en el territorio de mayor plusvalía para la capital.

Pese a que ejidatarios de San Andrés Cholula advirtieron que no acatarán la determinación del Congreso, Mario Riestra Piña indicó que el dictamen que se someterá a votación no se elaboró con base a un tema político, sino que se generó tras el análisis de los estudios históricos, jurídicos, socioeconómicos y topográficos que elaboraron académicos de la BUAP, la Libre de Derecho, la UDLAP y el Instituto de Geografía de la UNAM, instituciones  a las que se les pagó 1.5 millones de pesos por su colaboración.

“Se hizo un razonamiento histórico y jurídico que este viernes se pondrá a consideración de la Comisión de Gobernación y hay posibilidades de que este mismo viernes se resuelva en la sesión del Pleno”, indicó.

En tanto, Josefina Buxadé Castelán, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, adelantó que una vez que el Congreso concluya con la aprobación del dictamen, se iniciará con la delimitación física del territorio con la colocación de placas metálicas y boyas de cementos.