El suicidio de la médico residente en el Hospital para el Niño Poblano, Estefanía Figueroa Becerril, sacó a la luz la violencia laboral y psicológica que se vive en ese nosocomio, sin que haya castigo a esas conductas misóginas y denigrantes.

Así lo advirtió la senadora del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, quien recordó que Estefanía Figueroa había terminado la carrera de medicina y se especializaba en pediatría, pero fue encontrada sin vida el pasado 16 de mayo, dejando un mensaje suicida que puso al descubierto al mal trato y acoso laboral que sufren quienes realizan sus prácticas en dicho hospital del estado de Puebla.

Maltrato laboral y psicológico que a decir de algunos médicos compañeros de Estefanía “es normal”, ya que diariamente las y los residentes en ese hospital son humillado y exhibidos ante pacientes y otros médicos adscritos, además de otras formas de maltrato laboral a manos de algunas personas con mayor rango en ese hospital.

La legisladora destacó que el  acoso laboral puede tener efectos negativos sobre la salud física y mental de la víctima, que va desde sufrir un Trastorno de Estrés Postraumático, hasta el suicidio en los casos más graves, como ocurrió con Estefanía Figueroa.

En ese contexto, advirtió que de acuerdo a los elementos existentes en el suicidio de la joven Figueroa Becerril no se trató de un simple suicidio, sino que fue consecuencia del acoso laboral a que estaba sometida.

“Si bien no es nuestra función valorar lo contenido en la carpeta de investigación que en su caso integre la autoridad investigadora, sí es nuestra función realizar los exhortos necesarios para combatir el acoso en cualquiera de su formas, eliminar la violencia en contra de las mujeres y buscar la manera de que en México la igualdad de género sea una realidad y no un mero discurso bonito”, indicó la senadora.

Por ello, recalcó la necesidad de “que las autoridades del estado de Puebla ejerzan y cumplan con su obligación, pues su facultad es establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; y establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos”, insistió.

Recordó que en diciembre de 2017 ella misma presentó ante la Comisión Permanente una propuesta de reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán contar con Unidades de Género para orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

“Ahora es necesario exhortar a los diferentes poderes del estado de Puebla para que establezcan las Unidades de Género en cada una de sus dependencias, estableciendo las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; y establezcan mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales”, dijo.

En ese sentido, presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte tanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, como a la Secretaría de Salud estatal, para que informen sobre los casos de violencia laboral registrados en esta entidad y especialmente los relacionados directa o indirectamente con el Hospital del Niño Poblano.