La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene una campaña de intimidación en contra de los habitantes de los municipios que se han manifestado en rechazo a la construcción del gasoducto que se tiene previsto que recorra los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, denunciaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

La paraestatal es apoyada por el gobierno del estado de Puebla, ya que pobladores del municipio de San Buenaventura Nealtican recibieron citatorios para presentarse en las oficinas de la Dirección General de Gobierno, encabezada por Juan Elías Cesin Musi, a fin de negociar la instalación de los ductos en sus terrenos.

Las “invitaciones” a las reuniones son llevadas por elementos de la policía estatal, como si se tratará de cuestiones jurídicas o penales, detallaron.

En rueda de prensa, Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua explicó que los pobladores han denunciado que en las reuniones son amenazados por los propios funcionarios estatales, quienes señalan que en caso de no ceder las tierras para este proyecto, se enviarán a la zona elementos de la policía estatal y del Ejército, como sucedió en Huexca, en Morelos.

Esto se debe a que las empresas encargadas de desarrollar el gasoducto ya están “desesperadas” por los retrasos que se han tenido ante la negativa de los pueblos, señaló.

Originalmente se tenía previsto que la planta termoeléctrica que estaría en la zona de Huexca debería operar desde noviembre de este año, pero dadas las movilizaciones que se dieron tanto en Puebla como en Morelos, se tiene un retraso de al menos seis meses.

Esto ha ocasionado que las empresas españolas Elector, Abengoa y Enagas, responsables del proyecto, ejerzan mayor presión a las autoridades para obtener la liberación del derecho de vía, pues no sólo han registrado pérdidas financieras, sino que algunos de los permisos que se tenían ya se vencieron.

Tal es el caso del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que aprobó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción de la infraestructura, el cual ya se venció, por lo que ahora las empresas deberán iniciar un nuevo proceso ante las dependencias federales correspondientes.