El gobierno de Puebla aún no ejerce 22 millones de pesos de una bolsa de 758.5 millones, con la que contó en 2016 y 2017 para emplearlos en seguridad pública, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gobernación federal, con corte al mes de marzo de 2018.

Según el informe, el gobierno poblano emplea la mayor parte del presupuesto en infraestructura y equipamiento, y destina menos recursos al desarrollo de ciencias forenses y a la búsqueda de personas.

Con los 22 millones de pesos que aún no se emplean, se podrían adquirir por lo menos 42 patrullas Interceptor, cotizadas en 523 mil 284 pesos cada una.

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Tienen, pero no gastan

De acuerdo con el reporte de avance en el gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), disponible en la página electrónica del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los recursos con los que contó Puebla en 2016, ascendieron a 378.4 millones de pesos, cantidad que fue aportada entre la federación y el estado.

Hasta marzo pasado –año y medio después-, aún no se ejercían 12.8 millones de pesos, cantidad que representa el 3.4 por ciento del total. 

De este porcentaje de recursos, el 2.2 por ciento corresponde a 102.8 millones de pesos que el gobierno estatal aportó al fondo, mientras que el 1.2 por ciento es una bolsa de 272.2 millones de pesos que la federación destinó a la entidad.

Los recursos para el ejercicio fiscal de 2017 llegaron a 380.1 millones de pesos, y de estos no se han empleado 9.1 millones que representan el 2.4 por ciento del total.

De 275.1 millones de pesos aportados por la federación aún no se ejerce el 1.3 por ciento, mientras que Puebla erogó 103.9 millones, pero aún no se emplea el 1.1 por ciento.

Tanto en 2016 como en 2017, la mayor cantidad de recursos se destinó a infraestructura y equipamiento, pues en 2016 el monto ascendió a 161.5 millones de pesos, mientras que el año pasado se destinaron a ese rubro 262.8 millones.

Sin embargo, en los dos ejercicios fiscales no se presupuestaron recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, ni para el desarrollo de las ciencias forenses que tiene que ver con el equipamiento de los laboratorios de pruebas periciales.

En agosto pasado, Álvaro Vizcaíno, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó en una entrevista con el diario El Financiero, que los estados del país no utilizan recursos del FASP para ciencias forenses, por desconocimiento, y también porque los gobiernos estatales no le notifican a las fiscalías o procuradurías sobre la existencia de los mismos.