El activista Manuel Gaspar Rodríguez hubiera celebrado este 15 de mayo el Día del Maestro en recuerdo a los 8 años en que se desempeñó como tal dentro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), ese que en su objetivo principal se propone impartir educación básica comunitaria a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que habitan en las localidades más pobres de México.

El conocer de cerca la situación que viven pobladores de la Sierra Norte de Puebla lo llevó a convertirse en un activista de la causa indigenista y la protección al medio ambiente. 

Con los meses de resistencia vinieron las primeras amenazas de muerte con llamadas telefónicas y mensajes de texto. Ayer fue imposible localizarlo. En la noche supieron que fue hallado muerto y con lesiones de arma punzocortante en un motel de Cuetzalan.

En algunos medios de la región se filtró la versión de un crimen pasional, tema que sus compañeros de lucha rechazan ante los antecedentes de advertencias que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sin que se decidieran para él medidas cautelares. Tras su desaparición y posterior asesinato, quienes le conocían también  obtuvieron versiones de un levantón.

Para Violeta Valdés Alcántara, quien forma parte del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz, se debe considerar cómo el 4 de junio de 2014, un día después del asesinato del activista que da nombre al centro, Gaspar Rodríguez recibió la llamada de advertencia sobre el riesgo que corría su vida en el activismo.

"¿Ya viste lo que le pasó a Antonio?", fue el mensaje que escuchó en la llamada en la que no se pudo identificar el número y a la que la FGE no dio seguimiento. En 2014 respondió otras dos veces el teléfono para escuchar advertencias similares. En los siguientes años decidió no contestar las llamadas sospechosas y fue inevitable no enterarse de amenazas por mensaje de texto como dos que le llegaron en 2017.

Tras 8 años como maestro de Conafe en 2016 fue despedido del organismo federal junto con otros compañeros por negarse a presiones para apoyar a la priísta Blanca Alcalá Ruiz en su campaña por la gubernatura. Como activista se había iniciado en 2013 y su salida de la educación le llevó a concentrarse de lleno en eso.

Para involucrarse en movimientos sociales Gaspar Rodríguez eligió el Movimiento Independiente; Obrero, Campesino, Urbano y Popular Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MIOCUP CMPA) y desde ahí emprendió la defensa de municipios contra proyectos de explotación de los recursos naturales, conocidos como proyectos de muerte.

En un lustro como parte de esta organización vio logros como la suspensión de exploraciones para autorizar minas y hace apenas unas semanas participó en la movilización con la que se logró que autoridades municipales de Cuetzalan dejaran de usar un tiradero de basura que ponía en riesgo a la población.

El 2018 sin embargo lo empezó mal cuando la Procuraduría General de la República (PGR) lo indició a él y a otros siete activistas luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la constructora Modinsa emprendieron acciones legales por obstrucción de obra pública como parte de las acciones de Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), consejo reconocido por el Cabildo y el Congreso.

Este martes integrantes del MIOCUP CMPA exigieron que se considere en la investigación el contexto de lucha contra los proyectos de muerte, asimismo la marcha que realizaron integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre en respaldo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), incluyó el esclarecimiento del asesinato en sus demandas principales.

El activista tenía 37 años, era soltero y para el miércoles se tiene programada una concentración de activistas en su casa de Ayotoxco de Guerrero de donde era originario.

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