Organizaciones ambientales, indígenas y campesinas dieron a conocer el surgimiento en la Sierra Negra del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz, en conmemoración del defensor del territorio y los recursos naturales cuyo asesinato en 2014 continúa impune.

El Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento (CNPA MN) presentarán formalmente el nuevo organismo el próximo 4 de junio en Cuetzalan del Progreso, en un evento que será un memorial dedicado al principal opositor de los proyectos hidroeléctricos de Cuetzalan y Ayotoxco.

Antonio Esteban Cruz, líder náhuatl del Comité Regional del Miocup en la junta auxiliar de Santigo Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Norte de Puebla fue asesinado de cuatro disparos de arma de fuego el 4 de junio de 2014, en el paraje El Rincón, a orilla del río Apulco en la comunidad de Cuahutapanaloyan, en el municipio de Cuetzalan.

Su asesinato fue registrado como uno de los 88 crímenes en América Latina contra personas que defienden la tierra y el medio ambiente por la organización internacional Global Witness que documentó que un total de 116 personas perdieron la vida en todo el mundo por luchar contra proyectos que ponen en peligro la conservación de la Tierra, 20 por ciento más que en 2013.

El estudio de la organización británica titulado “¿Cuántas muertes más?  destaca que 47 de las víctimas mortales (40 por ciento) eran indígenas y subraya que los homicidios están relacionados con proyectos mineros, agrícolas e hidroeléctricos.

La principal línea de investigación del crimen del dirigente campesino Antonio Esteban Cruz es la disputa por un predio de 138 hectáreas, conocido como Paso María Cristina, ubicado en Ayotoxco de Guerrero, municipio ubicado en la Sierra Norte de la entidad, el cual es ambicionado por caciques de la región que han llegado a contratar grupos de choque y pistoleros para hacerse de la propiedad.

Para  el MIOCUP y CNPA-MN los gobiernos estatal y federal están implicados en el homicidio de este luchador social, quien también fue uno de los principales coordinadores del Encuentro Nacional Indígena y Campesino “En defensa de la tierra y el territorio”, realizado en marzo en Cuetzalan, meses antes de su asesinato.

A partir de este encuentro se conformó el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam) para defender la tierra como un bien colectivo de los pueblos y exigir respeto al derecho a la consulta ante las autorizaciones que ha hecho el gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas.

“Responsabilizamos del artero crimen de nuestro compañero al gobierno de Puebla que, después de la formación del Ficam, mediante llamadas anónimas hizo amenazas de muerte a varios integrantes de nuestra organización y de otros grupos de la sierra de Puebla”, señalaron el día siguiente a su muerte.

Responsabilizaron al gobierno federal por su política de imposición de proyectos sin consultar a las comunidades, “así como ante la falta de solución al conflicto agrario del predio Paso María Cristina y a quienes hayan sido usados como instrumento del gobierno para cometer este infame asesinato”.

A dos años del asesinato, Manuel Gaspar, dirigente del Miocup CMPA exigió el esclarecimiento del crimen. “Los que lo mandaron a matar son los mismos que se niegan a investigar el homicidio del líder campesino.

Gaspar explicó a este medio que el expediente contiene decenas de irregularidades como la falta traductores de lengua náhuatl y que el fiscal asignado al caso presionó a sus hijos Rodrigo Esteban Mora y Andrés Esteban Mora, a fin de que acusaran y señalaran a un grupo de personas como las responsables del asesinato para cerrar el caso.

“Les obligaron a decir que habían presenciado el asesinato e incluso que  habían identificado a los probables responsables. Las carpetas terminadas les fueron presentadas para que las firmaran sin permitirles que les fueran leídos por un traductor en lengua náhuatl”, explicó.

A la fecha aunque se ha insistido oficialmente y por escrito que ellos no reconocen las declaraciones que constan en el proceso y que no han identificado al asesino de su padre, este reclamo no se ha atendido  dando carpetazo al caso del asesinato del líder campesino.

El 12 de junio de este año se inició el procedimiento de juicio oral en el caso, parte del nuevo sistema de justicia penal, y los señalados como responsables, Francisco Santiago, José Amador, Miguel Antonio y Juan Alberto fueron absueltos porque los hijos del activista no ratificaron lo que el Ministerio Público había apuntado en el expediente declarándoles culpables.

Antonio, ejemplo de lucha

 “La vida del compañero Antonio está llena de lucha y resistencia contra las injusticias a las que han sido sometidos los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país. En su condición de indígena náhuatl siempre priorizó la lucha por los derechos de las comunidades”, señalaron las organizaciones  que  convocaron al evento el próximo 4 de junio en Cuetzalan, mismo  que iniciará desde las 9:00 horas con una marcha “Por la vida y la justicia”--que partirá del Hospital General al atrio de la Catedral de Cuetzalan—además de un foro sobre la situación de los derechos humanos en la entidad.

Por la tarde se celebrará una misa por el aniversario luctuoso y por la noche un ritual y velada en protección del Río Apulco. El evento culminará el 5 de junio a las 7:00 de la mañana con el acompañamiento de cruz al panteón.