Pobladores de la comunidad de Huitzilatl, Coyomeapan presentaron un amparo en contra del proyecto del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que debería implicar una consulta y supone afectaciones a más de la mitad de habitantes con una reubicación y daños a un afluente.

El recurso fue anunciado este día por integrantes del  Movimiento de Autogestión Social, Campesina, Indígena, Popular (MASCIP), adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional  (CNPA, MN)

En rueda de prensa los afectados resaltaron que el recurso se interpuso ante el Juzgado Tercero de Distrito y busca, de inicio, que se respete el derecho a la consulta ciudadana que implica este tipo de proyectos.

"Se busca que el Poder Judicial de la Federación a través de los tribunales maximice los alcances del derecho a la consulta y las obligaciones estatales derivadas de ese derecho, los derechos interdependientes que resulten vulnerados cuando las autoridades no cumplen con la obligación constitucional y convencional de consultar a los pueblos", dijo el inspector de la comunidad Marco Fierro Gamboa.

También mencionan otros derechos que se vulneran con el proyecto de la hidroeléctrica y que también esperan sean considerados en la resolución del recurso legal que interpusieron.

"Por violar los derechos e los pueblos indígenas a ser previamente consultados, en el amparo también se reclama la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la preservación del territorio, a la familia, la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano, a la vivienda, a la cultura, al deporte y al interés superior del niño",  agregó Fierro Gamboa.

Tan sólo en Huitzilatl la realización de este proyecto afectaría el río que atraviesa  la comunidad y que forma parte de sus principales recursos naturales, pues la operación se realizaría casi a las orillas del mismo, señalaron los integrantes del MASCIP.

Además de afectar esta población de Coyomeapan, la hidroeléctrica tendría impacto tanto en el resto del municipio, como en los vecinos Zoquitlán y también a San Sebastián Tlacotepec, de acuerdo con lo denunciado por activistas.

Aunque tuvieron avances por la vía legal, los opositores al proyecto enfrentan desde 2016 presión de autoridades municipales y federales. Asimismo se ha atentado contra una radio local que servía de medio de difusión y el año pasado un autobús en el que viajaban sufrió una agresión.