La sentencia al juicio de amparo que Eduardo Rivera Pérez emprendió en contra de la inhabilitación que le impuso el Congreso, no está sujeta a negociación por parte de la justicia federal.

Después de que este miércoles se llevó  a cabo la audiencia del juicio de amparo 943/2017, el hoy precandidato del PAN a la alcaldía de Puebla desmintió las versiones que algunos medios de comunicación refieren respecto a que hay acuerdos.

A través de un comunicado, Rivera Pérez precisó que en el encuentro que su equipo jurídico y el del Congreso del Estado tuvieron con el Juez Tercero de Distrito, tampoco se presentó documentación “extraordinaria” en su contra.

“Es importante señalar que en la audiencia celebrada el día de ayer, no se presentó ninguna documentación extraordinaria como se afirmaba dolosamente. Contrario a lo afirmado por algunas versiones, emitidas por un par de medios de comunicación, ni la justicia federal ni la verdad están sujetas a negociación”.

En mayo de 2017, Rivera Pérez emprendió un segundo juicio de amparo identificado con la clave 943/2017, el cual presentó en  contra de su inhabilitación por 12 años para ocupar un cargo público, sanción que el Congreso del Estado le aprobó por presuntas irregularidades en su cuenta pública 2013.

El 28 de enero,  el panista se registró como  precandidato del PAN a la alcaldía de Puebla, ciudad que  gobernó de 2011 a 2014.

Su nominación, señalan versiones periodísticas, fue  parte de un acuerdo en el que Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la presidencia de México, aceptó dejar la candidatura a la gubernatura para Martha Erika Alonso  Hidalgo, esposa  de Rafael Moreno Valle.

Sobre  la presunta negociación entre Anaya Cortés y Moreno Valle, el ex presidente municipal sentenció que su precandidatura al gobierno capitalino se dio gracias al que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN reivindicó su carrera y que su participación en el proceso electoral es una “victoria política y moral”.

A pesar de que  en abril de 2017 el  Congreso de Estado aprobó con los votos de los diputado del PAN  inhabilitar y sancionar  económica  con 25.5 millones de pesos al panista, el Juez Tercero de Distrito ordenó  una medida cautelar para que el nombre de Rivera Pérez no aparezca en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados.

Esta disposición mantiene a salvo los derechos políticos del ex munícipe, y de mantenerse hasta marzo de 2018, fecha para el registro de candidatos,  podrá inscribirse para participar en la contienda electoral.

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