Los capitalinos poblanos dejaron de confiar en la ayuda de los cuerpos de seguridad pública para atender atracos, pues los llamados hacia esa corporación se redujeron a la mitad entre enero de 2017 y el mismo mes de 2016.

Así lo reflejan las estadísticas del Centro de Integración Ciudadana (CIC), una agrupación ciudadana que recibe llamadas de auxilio por parte de la población, a través de la vía telefónica o mediante internet.

Para el secretario de Seguridad Pública en la capital de Puebla, Manuel Alonso García, la baja en los llamados de auxilio –la cual se ubicó en un ocho por ciento, según cifras de la propia dependencia–, es sinónimo de una baja en la incidencia delictiva.

Hay menos llamadas de auxilio

De acuerdo con las estadísticas del CIC, los reportes de robo que recibieron en diciembre de 2017 sumaron 21, pero en el mismo mes del año anterior  -2016- llegaron a 48, lo que implica una baja del 56 por ciento.

Representantes de la agrupación informaron a e-consulta que usualmente hay una baja en las solicitudes de apoyo durante diciembre, pero si se toman en cuenta los años completos de 2016 y 2017, las cifras pasan de 168 a 23, lo que se traduce en una reducción del 86 por ciento.

Tras presentar un informe de trabajo correspondiente al mes de diciembre pasado, ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Manuel Alonso explicó que sus estadísticas muestran una reducción del ocho por ciento en los llamados de auxilio que recibieron en diciembre, pasado, si este mes se compara con el correspondiente a 2016.

El funcionario municipal precisó que principalmente notaron una baja en los robos a casa habitación, pese a que en diciembre es cuando más movimiento de dinero efectivo hay.

Alonso refirió que durante enero pondrán en marcha un operativo para resguardas las casas de empeño, ante la alta afluencia que esos lugares tienen durante cada inicio de año.

Avanza proyecto del Instituto de Política Criminal

En otro orden de ideas, el secretario de Seguridad Pública informó que será en febrero cuando puedan cristalizar el proyecto del Instituto de Política Criminológica y la  ampliación de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), para lo cual ya fue autorizado un presupuesto superior a los ocho millones de pesos.

El plan también contempla la adquisición de lectores de placas vehiculares, botones de pánico y cámaras de seguridad pública.  

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