Puebla es el estado del país con el mayor número de incidentes violentos en cárceles, de acuerdo con un informe que presentó la asociación civil Documenta, la cual contabilizó 137 casos de enero hasta agosto de 2017.

La agrupación alertó que el hacinamiento carcelario –problema que en Puebla tiene un alto índice–  es uno de los factores que contribuyen a la violencia.

Al dar a conocer este martes su reporte sobre incidentes violentos, Puebla se ubica en el primer lugar a nivel nacional, después Baja California con 125 sucesos,Morelos con 82, Chihuahua con 73 y Veracruz con 56. En total hubo 1 mil 22 incidentes en todo el país este año.

Entre los casos más destacados están los de Topo Chico y Cadereyta, en Nuevo León, y recientemente los ocurridos en los penales de Bordo de Xochiaca y Chiconautla, en el Estado de México. Sin embargo, la entidad poblana está a la cabeza por el número de reportes.

De los 137 casos de Puebla, 64 fueron riñas, 54 agresiones a terceros, 14 autoagresiones, además la organización documentó un intento de suicidio, dos suicidios, un deceso y un homicidio.

La agrupación indicó que en 2016 se contabilizaron 331 casos, de los que 169 fueron agresiones a terceros, 134 riñas, 16 autoagresiones, ocho decesos y cuatro suicidios.

En 2015 hubo 99 denuncias. De estas 51 fueron agresiones a terceros, 26 riñas, 17 decesos, cuatro agresiones, y una fuga.

En 2014 hubo 103 incidentes, mientras que en 2013 se contabilizaron 72, y en 2012 fueron 21, de acuerdo con los registros de la agrupación, los cuales se elaboran con base en reportes de la Secretaría de Gobernación (Sgob), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El uso excesivo de las penas privativas de la libertad, tanto en sentencias como en medidas cautelares, ha causado sobrepoblación en las prisiones, que es una de las causas de la violencia penitenciaria, según el reporte presentado.

Ante esta situación, la asociación presentó un amparo contra el hacinamiento en prisiones, aunque aún revisan la posibilidad de que este recurso legal prospere, pues primero es necesario que el Poder Judicial reconozca el derecho (interés legítimo) ante violaciones a sus derechos humanos.

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