Como regresiva y violatoria de la privacidad de las personas calificó la organización Central Ciudadano y Consumidor la iniciativa de reforma a la Ley del Transporte del Estado de Puebla, propuesta por el gobierno del estado para regular el sistema de transporte privado.

A través de una carta firmada por su director general, Carlos Martínez Velázquez, este colectivo en el que participan expertos en economía y transporte, llama a los legisladores locales a no aprobar dicha reforma sin abrirla a la discusión pública.

Asimismo, subraya que el gobierno del estado pretende con una legislación resolver una problemática diferente que se relaciona con los altos niveles inseguridad e impunidad que hay en la entidad.

“Ley regresiva”

La organización considera que la reforma propuesta por el Ejecutivo es “regresiva” porque elimina los elementos jurídicos novedosos que tenía la legislación inicial en la que no se imponían restricciones a la operación de las llamadas “Empresas de Redes de Transporte” (ERT) como lo recomienda la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La organización cuestiona que se pretenda equiparar a las ERT con los concesionarios y permisionarios del estado, con lo que se confunde el servicio público de lo que puede ofrecer un privado (como Uber y Cabify) en materia de movilidad y se limita el crecimiento de este último, al tiempo de proteger a los concesionarios a través de la regulación.

Atenta contra el derecho a la privacidad

En la carta se señala la preocupación respecto al contenido del artículo 92 Quater en la que se establece “el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios”.

Al respecto, la organización destaca que con esta disposición “se viola el derecho inalienable a la privacidad de las personas”.

Agrega que a nivel nacional la intervención de teléfonos móviles solo se puede hacer a través de un mandato judicial, según lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De igual forma destaca la preocupación respecto a que el gobierno del estado ha sido señalado de prácticas de espionaje.

“Lo anterior, se agrava cuando en medios de comunicación nacionales y extranjeros se ha señalado al gobierno del estado de Puebla de utilizar software de espionaje en contra de políticos de oposición y detractores de la sociedad civil”.

[relativa1]

En la opinión de los expertos de esta organización al vulnerar estos derechos cualquier ciudadano podría ampararse en contra de sus preceptos.

Requisitos inequitativos y costosos

La organización también cuestionó el contenido del artículo 45 Ter de la propuesta de reforma en la que se establecen nuevas obligaciones para los conductores como la licencia de tipo mercantil, así como la carta de no antecedentes penales renovada cada seis meses.

Respecto a la renovación de la licencia Central Ciudadano y Consumidor afirma que se trata de una medida inequitativa y costosa, debido a que este requisito no es obligatorio obligados los choferes del servicio mercantil y tampoco se exige para realizar otra actividad laboral.

“Este punto resulta costoso y discriminatorio para los participantes en el mercado. Es inequitativo si se comparan los requerimientos para participar en una concesión de taxi”.

Con relación a la licencia mercantil la organización señala que limita las posibilidades de autoempleo, ya que las aplicaciones están construidas para que cualquier persona en su tiempo libre pueda dedicarse a la prestación de este servicio.

Agrega que en el artículo 2 se incurre en una confusión de lo público y lo privado, por lo que de aprobarse se eliminarían las ventajas de eficiencia de las plataformas, pues en términos reales serían estas compañías y no los individuos los que proveerían el servicio de transporte.

Alto nivel de impunidad en Puebla

La asociación destaca que Puebla se encuentra entre el grupo de entidades de alta impunidad según el índice Global de Impunidad para México, publicado por la Udlap.

“El Decreto de reforma a la Ley de Transporte pretende sustentarse en la obligación estatal de proveer seguridad ciudadana a los habitantes. Sin embargo, lo hace a través del traslado de obligaciones a particulares, en lugar de atender las causas de raíz que generan una cadena de impunidad que mantiene el descontento de la población”.

[relativa2]