En inédita asamblea llevada a cabo por directores de empresas de seguridad se acordaron acciones legales para derogar la Ley de Seguridad de Privada del Estado de Puebla por considerarla fundamentalmente recaudatoria, pues cada prueba de control de confianza fue tasada por el Congreso local en 4 mil 435 pesos, por elemento, de acuerdo con  la Ley de Ingresos del estado.

A menos de cuatro días para que se cumpla el plazo de recurrir la legislación, 90 de las 180 empresas de seguridad, que cuentan con registro oficial, se reunieron para organizar las batallas que, advirtieron, no serían sólo legales  pues flanqueados con organizaciones sociales podrían extender las movilizaciones contra la legislación que está lejos de tener una preocupación genuina por garantizar la seguridad pública en el estado.

A las 2:00 de la tarde, el registro para la interposición de los amparos había sumado a 15 empresas y al menos 350 elementos de seguridad privada que recurrirán a los juzgados federales para echar abajo esta medida que no tienen antecedente en el país.

El registro para los amparos que emprenden abogados del recién formado colectivo, cerrará hasta el próximo martes cuando el recurso legal será interpuesto, por lo que no descartaron que el número de inconformes incluso se triplique.

Insistieron en que no  se oponen a realizar pruebas de control de confianza de sus elementos. 

Alberto Olmos Calderón, uno de los abogados designados para la interposición de amparos, señaló que el único contenido de la Ley de Seguridad Pública en el Estado dirigido a los guardias privados ---que son considerados por el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como auxiliares de la seguridad pública---es el establecimiento de costo, pago y sanción de las evaluaciones de control de confianza, previa solicitud al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Puebla.

“El contenido de esa ley se reduce a apuntar la obligación de la evaluación y su cobro bajo riesgo de no dejarles trabajar, de reprobarlo o no presentarlo. El costo es en este momento de 4 mil 435 pesos, en unos meses variará al alza y será una condicionante para cualquier persona que quiera obtener la autorización trabajar, de reprobarlo, el dinero no será reembolsable, dijo.

“ARTICULO 6 Bis.-Queda prohibida en el estado de Puebla la contratación de personas físicas o morales que presenten servicios de seguridad privada que no cuenten con la autorización  y registro vigente expedido por la Secretaría de Seguridad Pública, de contravenir lo anterior, se sancionará a quien lo haga con multa de 350 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo establecido con el artículo 41 de esta Ley”, citó.

En duda, pruebas de control honestidad policiaca

Tanto el abogado como empresarios durante la asamblea cuestionaron la utilidad de los exámenes de control de confianza en las corporaciones policiacas y destacaron las acusaciones que pesan sobre el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, cuyos vínculos con grupos de la delincuencia organizada del robo de combustible fueron hechos públicos.

“Esta ley recaudatoria nada tiene que ver con la preocupación por la seguridad pública, si se interesaran en que hubiera gente honesta y cabal resguardando a la ciudadanía, que empiecen en sus filas, incluso por los titulares de sus corporaciones, el ex Secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas ha sido calificado como el huachicolero mayor”,  sostuvieron.

Sin embargo y aún con esta resistencia a creer en la efectividad de pruebas de control de confianza, ni empresarios ni guardias se resistirían a la medida a condición de que no tuviera el sobrecosto obligatorio, que sería, en última instancia, cobrado a clientes quienes tendrían que asumir un precio por ser protegidos.

“La seguridad pública es uno de los derechos humanos más importantes y donde ha fallado el gobierno en Puebla de manera estrepitosa. La inseguridad va acompaña en varios sitios y rincones del estado por la ingobernabilidad y por algo peor, la corrupción de autoridades, no es casual la réplica de los grupos de autodefensas en municipios”, refirió Ángel Manuel López Rafael, representante de Puebla en Lucha.

Los asambleistas dijeron que si el interés del gobierno de Antonio Gali Fayad fuera genuino en la seguridad del estado, se legislaría para otorgar capacitaciones y se legalizarían diferentes obligaciones para garantizar el derecho humano no sólo estableciendo medidas recaudatorias.

“Ya estuvo bien de atracos pero del gobierno del estado a todos. Ya. Es como si nos estuvieran violando y nosotros nos bajamos voluntariamente los calzones. Este abuso debe terminar, debemos mostrar verdadera capacidad de respuesta, la lucha legal es importante, pero la organización es indispensable entre nosotros”, dijo un empresario dedicado a la seguridad privada.

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