En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado votará la terna de magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano para el que el gobernador Antonio Gali Fayad propuso a personajes ligados con Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que en el periodo extraordinario que el Congreso abrirá el próximo miércoles, se prevé aprobar las peticiones que el mandatario estatal  envió sobre la designación de los magistrados  y la enajenación de “La Célula” para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, que surge como parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Gali Fayad designó a María de Lourdes Dib Álvarez, David Paz Moreno y Alfonso Siriako Guillén Almaguer.

Paz Moreno fue parte del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (SEDIF) durante la gestión de Martha Erika Alonso Hidalgo, secretaria general del PAN y esposa del exgobernador Rafael Moreno.

El excolaborador de Alonso Hidalgo tuvo a su cargo Jefatura del Departamento  Consultivo del SEDIF. Antes de concluir su gobierno, Moreno Valle lo propuso como suplente de Gabriel Moreno Gavaldón, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Guillén Almaguer fue colaborador de Gali Fayad en su periodo como alcalde de Puebla. A su paso por el gobierno capitalino fungió como asesor jurídico, y actualmente es director  general de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad.

Con vínculos en el PRI, Dib Álvarez representó al tricolor como regidora del Ayuntamiento de Puebla en el trienio del panista  Eduardo Rivera Pérez (2011-2014).

La puesta en marcha del Tribunal de Justicia Administrativa permitirá resolver las diferencias que se den entre particulares y los gobiernos estatal y municipales.

Los magistrados que conformarán  este órgano tendrán facultades para dictar sentencias en aquellos casos en los que exista un daño a la hacienda pública, determinen los montos de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar un perjuicio a los entes públicos de orden estatal o municipal.

De ser ratificados por el pleno del Congreso,  Dib Álvarez, Paz Moreno y Guillén Almaguer serán magistrados por 15 años, periodo que será improrrogable.

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