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Duplica Gali a magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa
Pasar de tres hasta siete magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa y que su periodo sea de 13 años y no de 15, es la nueva propuesta que el gobernador Antonio Gali Fayad remitió este miércoles al Congreso del Estado.
El proyecto del Ejecutivo propone modificar el párrafo tercero de la fracción X del artículo 12 de la Constitución, en el cual se precisa que al Tribunal de Justicia Administrativa lo integrarán tres magistrados por un periodo de 15 años improrrogables.
La modificación se da a una semana de que el pleno del Congreso aprobó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano que surge del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Propone Gali hasta siete magistrados
La iniciativa remitida al Congreso, la cual analizará la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, refiere que el Tribunal de Justicia Administrativa se “integrará hasta por siete Magistrados que durarán en su cargo quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la ley”.
Sin embargo, en el tercer artículo transitorio se indica que “por única ocasión” los magistrados que se designen tendrán un periodo de 13 años, lo que implicaría que quienes sean propuestos por Gali Fayad y ratificados por el Congreso permanecerán hasta 2030.
“Por única ocasión, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que se nombren y ratifiquen con motivo de este Decreto durarán en su encargo trece años”, se precisa en el proyecto de Gali Fayad.
Resolverá diferencias entre particulares y la administración pública
La puesta en marcha del Tribunal de Justicia Administrativa permitirá resolver las diferencias que se den entre particulares y las administraciones de orden estatal y municipal.
Los magistrados que conformen este órgano tendrán facultades para dictar sentencias en aquellos casos en los que exista un daño a la hacienda pública, determinen los montos de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar un perjuicio a los entes públicos de orden estatal o municipal.
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