Los representantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y del Instituto Mexicano para la Competitividad consideraron que la compra del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos fue un acto de profunda corrupción.

La Procuraduría General de la República habría comprado a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV el software espía Pegasus en 32 millones de dólares.

El diario norteamericano The New York Times publicó un reportaje en el que reveló que desde oficinas gubernamentales mexicanas se orquestó una operación de espionaje en contra informadores y activistas sociales.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), afirmó que la compra del software Pegasus es un indicio de corrupción.

En una nota que publica el diario El Universal se indica que Luis Fernando García consideró que se debe transparentar la compra de Pegasus y responsabilizó a Tomás Zerón de la adquisición.

“Se tiene que investigar a Tomás Zerón de Lucio, es el firmante de ese contrato. Según información que se ha hecho pública y que también se documenta en la información publicada. Zerón de Lucio ha sido central en las operaciones de adquisición de tecnología para llevar a cabo el espionaje, en concreto este software”, dijo.

Juan Pardinas, titular del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), le dijo al diario El Universal que la adquisición del software Pegasus es totalmente irregular y que la operación debería ser auditada.

Aseguró que en la compra de Pegasus podría haber un acto de corrupción porque ni siquiera se conoce la licitación que debió haber realizado el gobierno.

“Esto habla de la debilidad de los procesos de adquisiciones del Estado: ¿con qué criterios se puede hacer una licitación de más de 30 millones de dólares a una empresa que acaba de surgir?”

“No me extrañaría que en el caso de Pegasus no sólo fuera el uso de herramientas de espionaje contra ciudadanos que no representan una amenaza a la seguridad nacional, sino también puede ser un caso de corrupción, por la evidencia que presenta una licitación poco clara y que arroja muchísimas dudas”, advirtió.

Indicó que se debe realizar una auditoría para investigar las razones por las que el gobierno le compra equipo a empresas con domicilios fantasma.

“Tendría que haber una reacción, un mecanismo de auditoría, una explicación jurídica de por qué le asignan contratos tan grandes a empresas con domicilios fantasma sin ninguna trayectoria de compra pública. Sobre él deberían ir las preguntas, cómo justifica venderle a una empresa de reciente creación con domicilio fantasma un contrato por ese monto”, dijo.

Crédito de la foto Wipy