Ciudad de México. Resulta contradictorio que en su informe de gobierno el alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, asegurara que diversos delitos han disminuido en la capital del estado y ahora solicite un endeudamiento por hasta 800 millones de pesos para proyectos de seguridad y equipamiento urbano.

Así coincidieron en señalar la senadora del PRI, Lucero Saldaña Pérez y el diputado federal de Morena, Alejandro Armenta Mier, quienes por separado formularon un punto de acuerdo para solicitar que el Congreso de la Unión exhorte a los diputados locales del estado de Puebla a analizar muy bien la aplicación de esos recursos, toda vez que incrementaría la deuda pública que ya pesa sobre la sociedad poblana.

La senadora priísta reconoció que los niveles de inseguridad en la capital del estado van en aumento, desde el asalto a pasajeros del transporte públicos, hasta feminicidios sin excluir el secuestro y otros delitos graves.

“Sin embargo, la sociedad poblana siente como una afrenta el nivel de endeudamiento que actualmente tiene la entidad, que se estima en más de 40 mil millones de pesos, adquirida durante la pasada administración estatal, mediante esquemas de Proyectos para la Prestación de Servicios, no transparentados”, dijo la senadora Saldaña.

Por ello, hoy más que nunca los poblanos reclaman su derecho a la información y a un ejercicio transparente de los recursos públicos, insistió.

Recordó que el municipio de Puebla es el que mayor cantidad de recursos federales recibe en la entidad para aplicarlos en seguridad pública. Tan sólo para el presente año tiene autorizados 76 millones de peso.

Por ello, la senadora Lucero Saldaña formuló un punto de cuerdo pidiendo que el Congreso de la Unión exhorte al Congreso del Estado de Puebla a solicitar al ayuntamiento del municipio de Puebla “una amplia y debida fundamentación, así como los anteproyectos de inversión, respecto al endeudamiento solicitado por 800 millones de pesos”.

Y que al ayuntamiento de Puebla se le exhorte para que, en cumplimiento con el artículo primero constitucional, “realice lo conducente a fin de que la sociedad poblana ejerza su derecho a la información y aplique el principio de máxima publicidad”.

Por su parte, el diputado Alejandro Armenta Mier, destacó la importancia de “abatir el flagelo de la corrupción y de la impunidad que han provocado un daño profundo a la actividad económica y a la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones”.

En ese sentido, recordó que apenas en febrero pasado el propio alcalde de Puebla informó que durante 2016 en ese municipio la incidencia delictiva disminuyó: los delitos de alto impacto descendieron 44%, hubo 39% menos robos a casa habitación, también 46% menos robos de vehículos, en cuanto a robo a transeúnte la incidencia fue 77% menor, y se reportaron 48% menos robos a negocio, según el alcalde poblano.

Cifras que contrastan con la solicitud de crédito emergente solicitado por el Banck Serrato para aplicarse en seguridad pública, dijo.

Por ello, Armenta Mier plantea que el Congreso de la Unión haga un llamado a los diputados locales de Puebla para que realicen “un análisis profundo sobre el destino del crédito de 800 millones de pesos solicitado por el alcalde de la capital del estado.