En el estado de Puebla se han incrementado todo tipo de delitos, desde los feminicidios y la trata de personas, hasta homicidios, asalto en sus diversas modalidades y discriminación hacia las mujeres, entre otros, advierte la diputada federal Xitlalic Ceja García.

A través de un punto de cuerdo que presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del PRI asegura que dicha situación “deja de manifiesto la ineficiencia y poca capacidad de las autoridades estatales para garantizar la seguridad, paz social e integridad de los poblanos y sus bienes”.

Recalca que uno de los sectores más trasgredidos por la situación que se vive en territorio poblano, es el de las mujeres y prueba de ello es que tan sólo en lo que va del presente año se han registrado más de 55 feminicidios en distintos municipios de la entidad, muchas de esas víctimas con signos tortura, degolladas y violadas sexualmente.

“De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo enero-mayo del 2017, se presentaron más de 279 denuncias por violaciones”, dice.

La trata de personas, dice la diputada federal, es otro delitos que sigue creciendo en el estado de Puebla e incluso se tiene identificado en qué municipios prevalece este ilícito y pese a ello las autoridades nada hacen para combatir la explotación sexual que se da plena luz del día incluso en el Centro Histórico del municipio de Puebla.

Xitlalic Ceja añade que también en el ámbito laboral es notoria la discriminación hacia las mujeres, e incluso en los hospitales, toda vez que el estado de Puebla se ubica entre las entidades del país con mayor número de muertes maternas debido a la deficiente prestación de los servicios de salud.

Por ello, el punto de acuerdo que presentará la diputada priísta está encaminado a que el Congreso de la Unión exhorte al gobierno del estado de Puebla para que, a través las instancias estatales correspondientes, fortalezca y amplíen sus estrategias, programas gubernamentales y políticas públicas para prevenir,  atender y sancionar los feminicidios, agresiones sexuales, violaciones, hostigamiento, trata de personas y demás delitos que atentan contra las mujeres.