El “Programa de Artistas Urbanos” del municipio de Puebla prohíbe la expresión política, proselitista o de campaña en la calle, denunció la comunidad artística, con el respaldo de la organización El Barzón, y anunciaron una ola de amparos colectivos contra lo que calificaron de “una ley mordaza” digna del medievo.

En rueda de prensa, el dirigente en Puebla del Barzón, Alejandro Carvajal; el abogado Gerardo López Ramírez y el consejero ciudadano de cultura, Jaime Carcaño se pronunciaron contra el Acuerdo de Cabildo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla que autoriza los Lineamientos para el “Programa de Artistas Urbanos”, el pasado 27 de junio.

Expusieron que entre varios derechos constituciones vulnerados destaca el que consta en el Artículo 33 fracción V inciso (f) que señala en las obligaciones de los artistas, una vez inscritos en el padrón municipal, que en sus presentaciones estará prohibido realizar actos “proselitistas o de campañas”.

“Es una clara violación a la Libertad de Expresión consagrada en el artículo Sexto de la Constitución Mexicana que señala que ningún mexicano puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa por expresarse, hacer público lo que se piensa o actuarlo. Con esta norma se busca acallar y perseguir cualquier expresión que no esté regulada por lineamientos gubernamentales. Esta es una ley mordaza que pretende coartar cualquier manifestación legítima”, aseveró el abogado de la organización El Barzón, Gerardo López Ramírez.

Aseguró que en respuesta a esta ley restrictiva se iniciará una ola de amparos colectivos y anunció que 25 ciudadanos iniciaron  ya el trámite judicial y que este viernes 7 de julio en el zócalo se instalará una mesa  a la que los ciudadanos podrán acudir y sumarse para echar abajo esta medida municipal.

El líder de El Barzón, Alejandro Carvajal explicó que esta ley es una inercia de las políticas privatizadoras que han escalado en la vida nacional afectándolo todo: “Se ha privatizado el petróleo, la luz, el agua, los parques, los espacios de venta… ahora sigue el arte; quieren regular el contenido, prohibir el activismo social que es la esencia del arte urbano; es una ley restrictiva y estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallará en contra de este absurdo”, asentó.

Para Jorge Carcaño, escritor, abogado y consejero ciudadano de cultura esta ley  no está dirigida sólo a artistas urbanos sino extendida a “expresiones artísticas en la vía pública” y pone en riesgo de sanción  a todos los ciudadanos, a una sanción si se expresan políticamente por medio del arte.

También significará, dijo, la prohibición de cualquier manifestación artística en la ciudad que no tenga los márgenes y valores del alcalde y su gobierno.

“El artista es político de naturaleza, siempre busca levantar la voz  por los desprotegidos. Hay una larga tradición de muralistas, corridos, moneros, que detrás tiene autores y creadores buscando justicia, un cambio y un impacto social. No lo dejaremos de hacer, no seremos la primera generación de artistas que cedamos frente a la ofensiva del gobierno”, dijo el artista.

Los integrantes de El Barzón como Carcaño coincidieron que se trata de una medida para “acallar al pueblo” con lineamientos que prohíben discursos políticos y la libre propagación de ideas.

También externaron su preocupación porque esta medida no delimita su alcance territorial ni el grado de cuotas y sanciones.

López insistió además en las medidas tributarias, pues la norma señala un cobro no claro que, según lo publicado, se modificará cada año de acuerdo con la Ley de Ingresos del municipio, lo que también se consideró una violación más a la Carta Magna.

“Otra violación a la Constitución es el pago al que serán sometidos los artistas urbanos. La Carta Magna señala que todo mexicano debe contribuir al gasto público siempre y cuando sea de forma equitativa y justa, de acuerdo a sus ingresos, lo que en el caso de los artistas se vuelve contradictorio, pues la misma legislación les prohíbe establecer cuotas para expresar su arte”, soltó el abogado.

El abogado Gerardo López también denunció que el Acuerdo que fue firmado el 9 de junio y oficializado el 27 del mismo mes en el Periódico Oficial del Estado se ocultó a ciudadanos.

En entrevista acusó de complicidad delincuencial a los órdenes de gobierno, pues el director del Periódico Oficial y la Secretaría General del Cabildo se negaron a entregar el ejemplar del Diario o del acta aprobada, retrasando lo posible los 15 días hábiles que  tienen de plazo los ciudadanos para presentar un amparo.