Organizaciones sociales exigieron hoy a la administración de Antonio Gali Fayad que investigue e intervenga en la problemática de autogobierno, corrupción y violaciones a los derechos humanos al interior de los Ceresos en Puebla y cumpla con la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Luego del feminicidio número 43 en el estado, esta vez ocurrido en “las casitas” (lugares improvisados para tener visitas íntimas) en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, donde Rocío S. fue apuñalada y privada de la vida por su propia pareja el pasado 27 de mayo, el  Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría Sj, Universidad Iberoamericana Puebla (IDHIE) emitió un pronunciamiento denunciando el marco de ilegalidad en el que opera visiblemente el penal.

El Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, y el  IDHIE, señalaron que la integridad y vida de Rocío no fueron garantizadas en el marco de la Custodia Penitenciaria, violando el marco legal afin.

El pronunciamiento incluye lo documentado por este medio de comunicación sobre la utilización de “las casitas” en este Centro Penitenciario como espacios comunes para tener visitas íntimas, lo cual va en contra del artículo 59 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues corresponde a la Autoridad Penitenciaria “asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de la visita íntima” y “garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de igualdad y no discriminación”.

Las organizaciones sociales y el instituto de derechos humanos exigieron también investigar la posesión de un arma punzocortante con la que el preso privó de la vida a su pareja, pues como ya lo había señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, esas armas son signos de ejercicio de “funciones de autoridad por parte de internos del Centro (autogobierno/cogobierno); actividades ilícitas; cobros (extorsión y sobornos)”.

“Con base en el artículo 20 de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, el IDHIE y las organizaciones  exigieron:

1. Investiguen estos hechos, sancionen a las personas responsables y adopten las medidas urgentes y necesarias para proteger tanto la vida e integridad de la población privada de su libertad, como de la población visitante, adoptando un enfoque de género para garantizar los derechos.

2. Atiendan de forma urgente los señalamientos realizados por la CNDH respecto al autogobierno/- cogobierno, donde las posibles actividades ilícitas como en este caso, lo denota el acceso a armas prohibidas.

3. Revisen y reestructuren todos los aspectos que deben garantizar una estancia digna, toda vez que, conforme a estándares internacionales de derechos humanos, el Estado en su posición especial de garante, frente a las personas que se encuentran bajo su custodia, es responsable de otorgar condiciones dignas para favorecer la reinserción social y debe salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

4. Analicen y modifiquen los protocolos, mecanismos y prácticas que deben proteger y preservar la integridad de cualquier persona al interior de los Centros de Reinserción, a fin de prevenir y evitar cualquier incidente que atente contra el orden, la paz y tranquilidad, sin que esto vaya en detrimento del derecho a la visita en toda su extensión.

En atención al Principio XXIII de los Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de la Libertad –añadieron-  es urgente combatir la violencia al interior de los Centros Estatales, Distritales y Municipales mediante la investigación de los hechos de violencia, pero también de la corrupción que los genera, para que de esta forma pueda erradicarse la impunidad y la repetición de hechos similares.

Finalmente, instaron al gobierno del estado de Puebla a reconocer la problemática de feminicidio en la entidad y a tomar medidas de prevención y de atención integral.

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