La Fiscalía Anticorrupción investigará actos como la firma de contratos con empresas inexistentes, intento de sobornos en la Secretaría de Finanzas y Administración, así como sobre costos y contratos amañados en obra pública, si se presentan las denuncias correspondientes, advirtió el fiscal Enrique José Flota Ocampo.

En entrevista con e-consulta, quien reconoció no ser egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como lo difundió la Fiscalía del Estado cuando fue designado, rechazó que su nombramiento esté deslegitimado por no provenir de la sociedad, al tiempo de afirmar que está garantizada la “autonomía” de su actividad.

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Aún no hay carpetas de investigación abiertas

En la entrevista concedida en las oficinas de la Fiscalía del Estado, donde actualmente despacha, Flota Ocampo subrayó que por el momento la Fiscalía Anticorrupción no cuenta con alguna carpeta de investigación abierta.

Cuestionado sobre casos de corrupción en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, como los contratos con empresas “fantasma” del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (Iedep), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Enrique Flota manifestó que se investigarán cuando se presenten las denuncias correspondientes.

“La investigación de los contratos fantasma no están en el horizonte inmediato de la Fiscalía. Sí están en ese horizonte cualquier caso de contratos irregulares que se lleguen a denunciar, los que usted menciona o cualquier otro”.

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Manifestó que como son delitos que se persiguen de oficio, cualquier persona puede presentar las denuncias correspondientes.

Respecto al intento de soborno a un ex trabajador de la Secretaría de Finanzas para que aceptara haber recibido 200 mil pesos de sueldo pese a ya no trabajar en la dependencia, indicó que el afectado se puede acercar a la Fiscalía a levantar una denuncia.

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En cuanto a sobrecostos en la obra pública del sexenio anterior indicó que también se pueden denunciar, sin embargo, recordó que la ley prevé un porcentaje de costo superior al proyectado.

Con relación a la contratación de empresas de supuestos prestanombres de funcionarios morenovallistas por parte de la Secretaría de Salud, manifestó que es un caso que también podría investigarse. 

“Estos ejemplos que me cita son objetos, están en ese marco. Lo que investiga la Fiscalía no son actos de corrupción en general sino delitos”.

Subrayó que la Fiscalía asumirá las investigaciones que actualmente tiene abiertas la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que si alguno de estos casos ya fue denunciado se le dará el seguimiento correspondiente.

Manifestó que la Fiscalía puede investigar de oficio algunos delitos sin explicar por qué estos casos no constituyen pesquisas de este tipo.

“Debemos convencer al juez de que se cometió un delito y esos elementos están las denuncias que llegan al ministerio público”.

Subrayó que la Fiscalía no atraerá casos que esté investigando la Secretaría de la Contraloría porque esta se encarga de faltas administrativas, sin embargo, la dependencia sí puede enviar los expedientes que puedan representar un delito.  

CNDH no obligaba a RMV a ofrecer disculpas por Chalchihuapan

En su opinión, el gobierno del estado cumplió con la recomendación 2VG/2014 sobre el caso Chalchihuapan, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “independientemente si sus disculpas fueron aceptadas o no”.

“El tema de las disculpas se ha manejado de manera confusa. La CNDH le dijo al exgobernador (Moreno Valle) hacer las gestiones para que se ofrecieran unas disculpas, nunca dijo que fuera él a disculparse”.

Sostuvo que ese acto realizado en marzo de 2016 (dos años después de los hechos) tuvo dos sentidos: las disculpas en sí mismas a Elia Tamayo Montes, madre del niño José Luis Tlehuatlie Tamayo, quien murió tras el operativo policiaco de 2014, y el reconocimiento de la responsabilidad del gobierno del estado.

“Eso es lo más fuerte, que el gobierno diga soy el responsable de este caso de violación de derechos humanos”, acotó.  

Respecto al señalamiento de Tamayo Montes en el sentido de que se requería a un fiscal “más digno”, afirmó que respeta a la también activista.

“Conozco a la señora Elia Tamayo, tuvimos pláticas en distintos momentos y es una persona a la que yo respeto y admiro. Lamento que piense que no deba ser el fiscal y eso no quita el respeto que le tengo”.

Sostuvo que Tamayo Montes ha enfrentado con mucha “dignidad” y “fuerza” la muerte de su hijo.

Agregó que aunque fue el encargado de ofrecer “disculpas”, no fue el fiscal del caso.

“El fiscal especial fue José Antonio Pérez Bravo que es un extraordinario abogado penalista. Él fue el que hizo las averiguaciones previas”.

Rechazó que el caso Chalchihuapan lo estigmatice debido que solo fue el “vocero” o el conducto para el ofrecimiento de las disculpas.

“No estoy deslegitimado”

Respecto a las críticas de activistas y organizaciones sociales por carecer de un nombramiento “ciudadano” subrayó que el fiscal del estado tiene la facultad de ese nombramiento por ley.

“(Víctor Carrancá Bourget) revisó distintos perfiles, lo trató con distintas asociaciones interesadas en el tema y al final como dice la Constitución tomó una decisión. Puede abrirse más el espectro, pero no está previsto en la ley”.

Sostuvo que en el Sistema Estatal Anticorrupción habrá presencia de actores ciudadanos para coordinar en todos los entes públicos y para tener acceso a la información permanentemente.

“El Comité de Participación Ciudadana va a ser el que va a presidir al Comité de Coordinación del Sistema Anticorrupción”.  

Fiscalía tendrá su propia sede

Flota Ocampo despacha en las oficinas de la FGE pero adelantó que su Fiscalía tendrá su propia sede y un número hasta el momento indeterminado de ministerios públicos, peritos y policías.

“Se creará una unidad que funcionará como lo hace actualmente la Fiscalía Antisecuestros y de Delitos de Alto Impacto. Se creará un aparato nuevo que tendrá que ver con la disponibilidad presupuestal”.

Manifestó que mientras queda habilitada la sede, las denuncias se seguirán recibiendo en la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, ubicada en la 12 Oriente 415. En tanto, Flota Ocampo tendrá oficinas en la FGE (bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente) y en la Dirección.

Explicó que la Fiscalía operará con base en lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y tendrán conocimiento de los casos los juzgados del fuero común del estado de Puebla.

“Los delitos que investigará son los que están en el capítulo de los cometidos por servidores públicos en el Código Penal. Por ejemplo enriquecimiento ilícito, peculado, concusión, entre otros”.