La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar invalida la reforma al artículo 12 de la Constitución por tener inconsistencias en la facultad que se otorga al Estado para la administración y suministro del servicio de agua potable, refirió Julián Peña Hidalgo.

Para el diputado independiente, el no haber incorporado los conceptos de municipio y federación en la iniciativa aprobada el pasado 6 de enero por el Congreso, da  la posibilidad de que los ministros de la Corte dejen sin efecto lo que se señala en la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local.

En entrevista, Peña Hidalgo lamentó que no exista “voluntad política” por parte de sus homólogos para corregir los cambios hechos a la Constitución, situación que ya derivó en la presentación de 13 controversias constitucionales.

A la par –señaló-  el Congreso del Estado no atiende la demanda ciudadana para que se hagan los cambios pertinentes a la Ley de Aguas o la Constitución, situación que desde hace dos años los integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) solicitaron al poder legislativo.

El legislador recordó que al inicio del mes presentó ante el pleno del Congreso una iniciativa que proponía incorporar los conceptos de municipios y federación en la fracción IV del articulado referido, pero su propuesta fue desechada por los diputados de Acción Nacional, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla, PSI y PRD.

De acuerdo con la iniciativa aprobada en enero, se considera que el “Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”,  aspecto que a decir de José Juan Espinosa  Torres, alcalde de San Pedro Cholula, abre la puerta  la privatización del servicio de agua en los 217 municipios.

Incluso,  Espinosa Torres fue el primer alcalde en promover una controversia constitucional, y durante las últimas dos semanas ha encabezado manifestaciones y organizó un foro para la defensa del agua.

En total, la SCJN atenderá las controversias constitucionales de los ayuntamientos de Chiautla (90/2017), Izúcar de Matamoros (89/2017), Altepexi (87/2017), Zinacatepec (85/2017), Tehuacán (82/2017), San Gabriel Chilac (80/2017).

Además de  los municipios de Tlaltenango (80/2017), Zoquitlán (69/2017), Ajalpan (67/2017),

 Coxcatlán (66/207), Coronango (65/2017), Juan C. Bonilla (62/2017) y San Pedro Cholula (53/2017).

En su demanda, los ayuntamientos exponen a la  Corte que la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución es una invasión a su facultad de hacerse cargo de la operación del servicio del agua potable.

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