Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fueron documentados 313 feminicidios en territorio veracruzano (específicamente en el periodo que comprende del 2012 al 2017). De esta cifra, el 30 por ciento fueron determinados, y hay una persona señalada como responsable. El otro 70 por ciento permanece en la impunidad, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según los datos oficiales compartidos con organizaciones de la sociedad civil, durante 2016 se registraron 63 feminicidios de los cuales 6 son investigados con el anterior sistema penal, mientras el resto son abordados desde el nuevo sistema penal.

Aracely González Saavedra, integrante de la organización Equifonia, las cifras reflejan dos situaciones: la impunidad que prevalece en las agresiones hacia las mujeres, y que las recomendaciones hechas por instituciones creadas para garantizar seguridad y justicia para las mujeres han sido insuficientes para detener la violencia feminicida.

“No hay un estudio que nos revele el proceso que siguieron estas víctimas, en donde se pueda identificar a que instituciones acudieron, si la institución no le dio la atención adecuada, o que impidió a una mujer acudir a denunciar o qué impidió a esa familia prevenir a tiempo el feminicidio”.

Para la activista defensora de los derechos de la mujer, en el contexto del 08 de marzo Día de la Mujer, mencionó que “no basta contabilizar los feminicidios, decir son tantos, es tal la cifra oficial, sino que eso debe traducirse en acciones urgentes para combatir estas problemáticas”.

En la próxima reunión del Grupo de Trabajo Interistitucional y Multidisciplinarios (GIM) -que integran Conavim y las organizaciones civiles para dar seguimientos a la Alerta de Violencia de Género-, Equifonía pedirán que se haga un estudio de los expedientes de asesinatos de mujeres que tuvieron lugar durante administración de Javier Duarte.

“Sabemos de otras problemáticas en donde se ha hecho un manejo poco ético de las cifras, y tenemos que descartar cualquier manipulación de los datos, descartar actos de corrupción que hayan impedido determinar cómo feminicidio un caso. O detectar errores en a la implementación del protocolo que ya está establecido para el caso de homicidio de mujeres”.

La activista recordó que debido a la disparidad entre las cifras oficiales y otras estadísticas recabadas por organizaciones de la sociedad civil “parece que pudo haber la intención de ocultar la problemática o de minimizarla".

“A través del trabajo que se haga dentro del GIM que se puede revisar, y tener una cifras con mayor credibilidad, nosotros insistimos en la revisión de expedientes para descartar cualquier duda que se tenga respecto a estas cifras que se manejan”.

También dijo, se pedirá que se haga un análisis puntual de los expedientes que permita identificar correctamente los feminicidios, y emprender acciones para detener la violencia feminicida.