El feminicidio debe ser considerado un crimen de Estado, porque es éste el que debería garantizar condiciones de seguridad y no lo hace e incluso obstaculiza la justicia, coincidieron mujeres de 16 estados reunidas en la reunión preparatoria al XI Encuentro Nacional Feminista Puebla-2017 (ENF) que se llevó a cabo este fin de semana en el estado de Guerrero.

Activistas, defensoras de derechos humanos y de la diversidad sexual y académicas que coinciden con el movimiento feminista cuestionaron la Alerta de Violencia de Género emprendida en algunos estados, que no ha logrado frenar el fenómeno, gracias a los tentáculos gubernamentales que han monopolizado recursos destinados a personas que no tienen la experiencia necesaria, improvisando fórmulas sin resultados reales.

Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez Chihuahua, y presidenta del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social .C. aseguró que a más de una década, el gobierno mexicano ha sido incapaz de revertir “la naturalización del horror”.

“El Estado a la fecha ha demostrado una lentitud pasmosa frente a una realidad que nos devora. No ha sido capaz de cumplir con el primer punto en todas las recomendaciones que se han girado por la Alerta de Violencia de Género: capacitar a los servidores públicos para sensibilizar y atendernos a las madres que desesperadas recurrimos a donde no han respuesta. Me sucedió a mí y es insultante que siga ocurriendo de la misma manera diez años después”, dijo durante la exposición de diagnóstico en cada estado de la república.

Aseguró que ante la crisis de derechos humanos, padres y madres continúan demandando respuesta a un Estado que no ha demostrado voluntad política, pero sí impunidad.

Genara, representante indígena del estado de Veracruz, acusó que las violencias institucionales que asesinan mujeres rurales en hospitales sin atención, salas de parto sin equipo médico elemental, incluso falta de caminos a una clínica en comunidades rurales apartadas, constituyen también un feminicidio contra mujeres rurales.

“Las mujeres no tenemos acceso a la salud, hay quienes no tienen  200 pesos para transportarse y atenderse en una emergencia. En este estado somos las mujeres indígenas las que morimos en mayor medida”, reclamó.

En el primer encuentro, el movimiento lésbico hizo presente sus demandas ante la persecución por su preferencia sexual, la agonía que viven en tribunales donde les es disputada la custodia de sus hijos que se resuelve con sentencias absurdas y sin apego a derecho, además de la exigencia del seguimiento de mujeres lesbianas víctimas de crímenes de homofobia.

Puebla, concentrará en noviembre demandas nacionales

“Estamos preparando el Encuentro Nacional Feminista en Puebla para el mes de noviembre con mucho entusiasmo pero también con mucha rabia; vivimos un momento de Alerta Nacional. En esta primera reunión preparatoria, organizaciones de  Jalisco, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, entre otros más coinciden en que la principal demanda es reclamar la vida de las mujeres víctimas de la violencia extrema en un Estado omiso”, dijo Fátima Galicia, integrante de la coordinación nacional del ENF Puebla-2017

El documento rector consensado por más de 90 mujeres que se dieron cita en la ciudad de Acapulco será ampliado en una segunda reunión preparatoria a realizarse en Querétaro el próximo 13 y 14 de mayo, que afinará la agenda que regirá el encuentro nacional.

Pese a fricciones entre  feministas integrantes de partidos y organizaciones políticas  y las que defienden un movimiento ciudadano apartidista, el evento concluyó privilegiando acuerdos.