Una legislación inadecuada para realizar compras gubernamentales, mecanismos discrecionales para ceder concesiones del transporte público y falta de regulación en el transporte de carga, son algunos de los factores que en Puebla desalientan la instalación de nuevas empresas.

Así lo advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) mediante un análisis que realizó a largo de dos años sobre la normativa que tienen las 32 entidades del país, a fin de medir qué tanto inhiben la competencia en el sector privado.

El estudio denominado “Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia” identificó obstáculos regulatorios que podrían afectar la competencia en cinco rubros de gran relevancia para la actividad económica: agropecuario, contratación pública, transporte público, desarrollo urbano y ejercicio profesional.

En sus conclusiones, la CFCE señaló que los reglamentos de las 32 entidades del país favorecen a ciertos agentes, inhiben la entrada de nuevas empresas o limitan un mercado dinámico.

Sin mecanismos para comprobar solvencia de empresas

El informe identificó una regulación inadecuada en el procedimiento de “invitación restringida” que la ley contempla para contratar alguna empresa, en caso de que esto no pueda realizarse a través de una licitación pública abierta.

Según el análisis, el reglamento poblano no establece criterios de solvencia para aceptar una propuesta como válida, es decir, no hay requisitos para valorar si a las empresas que se invita a realizar alguna obra pueden ejecutarla o no.

Concesiones del transporte público se entregan de manera discrecional

Por otra parte, la Ley de Transporte del estado permite que los proveedores del transporte público puedan decidir de manera discrecional a quien ceden sus títulos en caso de fallecimiento o invalidez. Además, tiene procedimientos que no son competidos para otorgar ese tipo de permisos.

Esa normativa también establece una regulación para las tarifas que se debe utilizar en el transporte de carga, lo que distorsiona el funcionamiento de la oferta y demanda, ya que reduce los incentivos para entrar al mercado o para que los prestadores de servicio existentes ofrezcan un servicio de mayor calidad, según el análisis.

Cuotas de donación de terrenos aumentan costos para consumidores de vivienda

Otro punto que la CFCE criticó es el porcentaje de donación de terrenos que la ley poblana establece para los desarrolladores de inmuebles, el cual asciende al 20 por ciento para los predios en donde se construyen viviendas o industrias.

Según el organismo, la donación de terreno puede estar justificada porque los proyectos de construcción generan externalidades que se traducen en costos para la sociedad y en mayores necesidades de servicios públicos (por ejemplo, mantener áreas verdes). Sin embargo, imponer cargas desproporcionadas incrementa los costos para los desarrolladores, los cuales pueden ser trasladados al consumidor final.