Tras rechazar que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Florence Cassez haya sido influenciada por el relevo en la Presidencia de México, la ministra Olga Sánchez Cordero subrayó que sigue "convencida" de la sentencia.

Al final de su ponencia en la Escuela Libre de Derecho, interrogada por los estudiantes de la institución sobre la intervención que habría tenido el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, aseveró que la Corte se ha mantenido siempre independiente, imparcial y ajeno a los temas políticos.

En marzo de 2012, la integrante del máximo tribunal del país recibió la encomienda de elaborar el proyecto de sentencia sobre el expediente de la ciudadana francesa, detenida en diciembre de 2005 y condenada por secuestro y delincuencia organizada.

El 23 de enero de este 2013 propuso la posibilidad de conceder un amparo "para efectos" o dar la orden a un juez para dictar nueva sentencia a Cassez, sin tomar en cuenta las pruebas obtenidas en forma ilegal; pero cuatro de los cinco ministros se pronunciaron en contra, por lo que planteó la modificación del proyecto para conceder el amparo liso y llano, el cual recibió aprobación mayoritaria de sus pares y la inmediata liberación de Cassez.

A casi 10 meses de distancia de ese momento, la mujer más influyente de México, según la revista Forbes, insistió: "estoy convencida no sólo de su procedencia, sino de la norma constitucional que realizó, en esta sentencia, la Corte, cuyos precedentes no son exclusivos de Florence Cassez sino de todos los inculpados en esta situación".

Frente a los futuros abogados, Sánchez Cordero recordó que "no fue ni la culpabilidad, ni la inocencia de la quejosa, de Florence Cassez, sino lo que resolvió (la SCJN) fue la violación a sus derechos". 

De tal suerte, resaltó que "lo que los ministros estudiamos y que ha sido cuestionado una y otra vez, fue un juicio de amparo directo en revisión. Y ha sido cuestionado porque la materia es única y exclusivamente la constitucionalidad de las normas y la interpretación directa de los preceptos constitucionales".

En este sentido, explicó que los inculpados en cualquier proceso tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que no les dicten sentencia, situación que no aplicó a la ciudadana francesa, que fue señalada como secuestradora desde el principio en un montaje mediático, con el objetivo de mostrar la liberación de las tres víctimas y la detención de los delincuentes, pese a que esta acción de la autoridad se llevó a cabo un día antes.