Demanda un centenar de ONG destitución de Graco Ramírez
Representantes de las más de cien organizaciones que integran el Frente Amplio Popular (FAP) definieron el plan de acción que iniciarán el 16 de agosto próximo para exigir la destitución del gobernador Graco Ramírez y la desaparición de los poderes Legislativo y Judicial, ante la crisis de inseguridad y gobernabilidad en la que, aseguran, el mandatario perredista ha sumido a Morelos; además, para defender la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y rechazar la reciente aprobación de leyes que afectan a la mayoría de los habitantes de la entidad.
La estrategia a seguir contra el político oriundo de Tabasco, que se promueve como candidato presidencial con miras a los comicios de 2018, la pactaron en un encuentro privado realizado en un salón del claustro de la catedral de Cuernavaca, en el centro de esta capital, con la participación de alrededor de 150 personas, entre ellas el obispo Ramón Castro. Se inició alrededor de las 18 horas del jueves y concluyó pasadas las 20:30 horas.
El FAP está encabezado por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata; Dagoberto Rivera, dirigente de Transportistas del estado, y el abogado Gustavo García Aragón, representante de familiares de personas asesinadas en la presente administración estatal.
También integran el frente los habitantes de los 60 poblados que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) –que incluye una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto–; dirigentes sindicales de los tres poderes del estado, maestros, miembros de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), líderes de organizaciones sociales y las artesanas que fueron desplazadas del centro de Cuernavaca.
En el cónclave, la mayoría de los asistentes manifestaron su hartazgo hacia la administración de Graco Ramírez, con el argumento de que no ha cumplido su promesa de campaña de someterse cada dos años a una consulta ciudadana para decidir si continuaba en el cargo o no.
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