La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para que el pleno constituya un grupo de trabajo plural que coadyuve en la investigación de la muerte de 21 civiles en Tlatlaya, Estado de México, y solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.

También se busca exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a investigar si hubo desproporcional y abusivo uso de la fuerza por parte de militares en el presunto enfrentamiento del pasado 30 de junio y determinar si hubo violación a los derechos humanos de las víctimas.

‘‘La sociedad mexicana necesita saber con precisión qué ocurrió ese día con estos ciudadanos’’, indica el punto de acuerdo presentado por el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya.

El legislador del sol azteca refirió, en conferencia de prensa, que se exigirá que el gobierno federal investigue a fondo, luego de que la revista Esquire publicó la declaración de una testigo, la cual aseguró que las personas ‘‘fueron ejecutadas por militares cuando ya se habían rendido y no murieron durante un enfrentamiento’’, como se dijo en la versión oficial.

Alonso Raya indicó que la Junta de Coordinación discutirá la propuesta en su reunión de mañana, con el propósito de presentarla al pleno en la sesión del jueves.

Urge esclarecer el hecho

En sus consideraciones, el documento refiere que se trató de un hecho violento que requiere ser esclarecido de manera urgente. ‘‘Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen que hacer una investigación exhaustiva y muy seria de estos hechos, deslindar y esclarecer responsabilidades y perseguir y castigar a los responsables’’, plantea.

También considera inadmisible que estos hechos se hayan revelado por Human Rights Watch y Aministía Internacional, y no por el gobierno mexicano. ‘‘Human Rights Watch estableció el 21 de septiembre que, de resultar ciertas las imputaciones en este caso, este hecho constituye sin la menor duda una de las peores masacres acaecidas en nuestra historia reciente’’, consideró el coordinador del sol azteca.

En contraste, mencionó, días antes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atribuyó los decesos a ‘‘circunstancias del enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y presuntos narcotraficantes en junio’’.

Además, reprochó, antes de que el gobierno mexicano interviniera se conoció el exhorto de Estados Unidos para que se iniciara una investigación exhaustiva del incidente, sin la participación de autoridades militares, porque se trataría de un hecho inaudito en el que elementos del Ejército Mexicano habrían ‘‘fusilado’’ a 21 civiles.

Sostuvo finalmente que, de confirmarse la versión de la testigo sobreviviente, se estaría ‘‘frente a un hecho sin precedentes en esta administración y, quizás, una de las peores masacres de la historia reciente’’.