El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatir de manera pública la solicitud de amparo que presentó contra el procedimiento legislativo por el que el Congreso federal y los locales aprobaron en diciembre del año pasado la reforma energética, ‘‘ya que estuvo plagado de irregularidades y violaciones’’.

En entrevista, detalló que debieron recurrir por segunda ocasión a la Suprema Corte, ya que esa instancia, en días pasados y en una ‘‘sesión secreta’’, rechazó esa demanda.

Se presentó entonces ‘‘un recurso de reclamación y le estamos pidiendo a la Suprema Corte y sus 11 ministros que, como es su obligación, en una sesión pública –y de cara a todos los mexicanos– analicen las violaciones al procedimiento que llevó a la aprobación de la reforma energética’’.

Es una demanda en la que Bartlett ha insistido desde el pleno del Senado y durante las discusiones de las leyes secundarias en esa materia que se han dado en los días recientes. ‘‘Somos tan poder como la Suprema Corte; tienen que revisar la demanda’’, expresó.

Si la SCJN deja al Congreso sin el control de la constitucionalidad, hay un rompimiento al estado de derecho, insistió el legislador petista. Explicó luego el desarrollo de ese proceso judicial, que lleva ya cinco meses. En enero, precisó, junto con otros legisladores del PT presentaron la demanda contra la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, ‘‘por la que se entrega el petróleo, el gas y la electricidad a empresas extranjeras’’.

Se documentó, entre otras violaciones –dijo– que en la discusión en comisiones del Senado se cambió el proyecto de dictamen sin que la mayoría de sus integrantes tuviera conocimiento, y los presidentes de Energía y de Estudios Legislativos, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, presentaron ante el pleno una adenda, es decir ‘‘un documento de última hora en que se incluyeron cambios que ahondaron en la privatización y en los beneficios a las trasnacionales que se llevarán la renta petrolera’’.

Bartlett detalló que en la solicitud de amparo incluyeron la forma acelerada y sin la discusión que se dio en comisiones, donde no hubo debate en el pleno y la mayoría de los congresos de los estados avalaron esa reforma energética. ‘‘El juez octavo de distrito en materia administrativa, Francisco Silva Nava, dio entrada al recurso, lo que fue una sorpresa para todos’’, ya que se basó en el criterio establecido en el artículo primero constitucional que alude a violaciones a derechos fundamentales. Comenzó a trabajar de inmediato.

Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y las directivas del Senado y la Cámara de Diputados, presentaron en febrero una queja contra el juez Silva Nava y poco después el primer tribunal colegiado de circuito le ordenó que retirara su auto y declarara no procedente el amparo.

Bartlett Díaz precisó que impugnó esa resolución ante la Suprema Corte de Justicia y el máximo tribunal del país rechazó darle entrada, ‘‘en una resolución que no fue discutida en el pleno, porque se dio en una sesión secreta, por lo que nadie sabe qué se argumentó. Luego, el presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, se excusó –el juez es su hijo– y asumió sus funciones la ministra Olga Sánchez Cordero, quien determinó sin más que no procedía la petición. El nuevo recurso, insistió, requiere que lo analice el pleno del máximo tribunal.

Advirtió que en el Senado se dictaminan las leyes secundarias con ‘‘una serie de violaciones sistemáticas al reglamento que no han parado desde el inicio de la discusión’’ y que provocaron que tanto PT como PRD hayan abandonado la reunión de comisiones.