El pleno del Senado dio entrada a la propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, y la turnó a comisiones en medio de críticas de PRD, PT y algunos senadores del PAN que están dispuestos a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con la llamada ley Televisa, si el PRI y sus aliados aprueban ese proyecto.

El coordinador de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, dijo que están abiertos a modificar la propuesta presidencial si los opositores les presentan argumentos sólidos, pero dejó en claro que a pesar de ello ‘‘habrá ley secundaria en materia de telecomunicaciones’’.

Al PRI y al Verde sólo le faltan cinco votos para lograr la mayoría calificada necesaria para aprobar la iniciativa y éstos los puede lograr de la bancada del PAN, que está dividida. Ayer, el coordinador panista, Jorge Luis Preciado, dijo en conferencia de prensa que revisarán la postura del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul –dada a conocer un día antes por la dirigente en funciones, Cecilia Romero– ‘‘para ver si coincidimos o no’’.

Al mismo tiempo, el senador Javier Lozano, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que Cecilia Romero está ‘‘mal informada’’, ya que la iniciativa es ‘‘muy buena’’. Al respecto, el también panista Javier Corral Jurado dijo que tienen enfrente otra batalla en el Congreso ‘‘para atajar este intento de regresión’’.

Resaltó que el escenario es incierto en su saldo final, ‘‘dada la facilidad con la que en este tema el PRI puede conseguir apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante acción de inconstitucionalidad’’, adelantó.

A su juicio, se trata de una contrarreforma que ‘‘constituye una regresión política insospechada y un acto de incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en esta materia”.

Por su parte, los senadores perredistas Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Luis Sánchez y Zoé Robledo no descartaron la posibilidad de acudir a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, dado que la propuesta de Peña Nieto ‘‘viola las disposiciones de la reforma constitucional’’ en la materia. Entre los puntos más preocupantes, destacaron que se quitan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), se le debilita, para reforzar el poder presidencial. ‘‘Dejar la regulación de contenidos en manos de la Secretaría de Gobernación ‘‘significa un retroceso a los tiempos de subordinación de los medios electrónicos al gobierno federal’’.

Igualmente, los perredistas consideraron grave que se modifiquen las pautas que la Constitución fijó para determinar la preponderancia y atajar las concentraciones monopólicas en radio y televisión.

Por separado, el senador Corral destacó que entre las deficiencias de la iniciativa está el desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones a favor de las televisoras.

Asimismo, ‘‘el gran logro que fue incorporar en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como información carece de sanción. Desaparece la función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de programas, y no contiene disposiciones para la radio, que es el gran faltante.

‘‘Darán concesiones a 20 años con refrendo automático y bajo la figura de la concesión única ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo respecto de las multas que imponga el Ifetel’’, recalcó Corral.

En su propuesta de legislación secundaria, Peña Nieto incluyó el impacto presupuestal, que en el caso del Ifetel es de cerca de 2 mil 800 millones de pesos anuales. Es el costo de los servicios personales, administrativos y demás que implica el funcionamiento del órgano regulador.