Los días 25, 26 y 27 de abril se llevó a cabo el XXXIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica A.C. ANFADE, con la asistencia de 120 directores y rectores de las escuelas y facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas más importantes del país, teniendo como sede a la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo el tema central del congreso La Administración de Justicia y el Estado de derecho, para lo cual se presentaron 42 ponencias que se discutieron en ocho mesas de trabajo cuyas conclusiones se discutieron en la sesión plenaria del evento, para su aprobación y seguramente en un plazo no mayor a treinta días, se darán a conocer al Foro Jurídico Nacional y a la opinión pública de México.

Cabe resaltar que como parte del programa del Congreso se presentó una conferencia magistral que estuvo a cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales y expresidente de la misma, quien disertó sobre el tema en una exposición que por su contenido y los conceptos vertidos, dejó en claro la opinión del jurista sobre la situación actual que se vive en país, por el diferendo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales, que han sido víctimas de las descalificaciones y ataques del Presidente desde que asumió la presidencia del máximo tribunal la Ministra Norma Piña y por el hecho de que la Corte invalidó varias propuestas de reformas legislativas propuestas por el actual gobierno, por considerarlas inconstitucionales.

En respuesta, el pasado 5 de febrero el presidente presentó ante el Congreso de la Unión, diversas reformas constitucionales,  proponiendo elegir  por voto popular a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y juezas, así como a magistrados y magistradas federales; reducir la duración de sus cargos, reducir su duración en el cargo, vincular sus salarios a los del poder ejecutivo; y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección será además por votación popular.

Si a lo anterior se suma el escándalo suscitado por la denuncia anónima presentada ante la Corte en contra del exministro y expresidente del máximo tribunal del país Arturo Zaldívar, actual asesor para la reforma judicial que impulsa la candidata Claudia Sheinbaum, por su sometimiento a las órdenes presidenciales, por haber ejercido presión  a jueces y magistrados federales para fallar a favor del actual gobierno diversos juicios que se tramitaban en tribunales federales, lo que dio lugar a que la Presidenta de la Corte, ordenara se abriera una investigación en contra de Zaldívar y funcionarios de su equipo, lo que deja en tela de juicio la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal.

Bajo este escenario el ministro Luis María Aguilar, quien dejará su cargo en el mes de noviembre de este año, señaló:

“En las siguientes líneas daré cuenta de la indubitable vinculación entre el estado de derecho y la preservación de una judicatura independiente e integra, tomando como premisa expositiva, lo sostenido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, en su informe de 2022:” Una judicatura de integridad indiscutible es una institución esencial para hacer frente a las derivas autoritarias de los Estados y garantizar el respeto de la democracia y el estado de derecho”

En otro apartado de su exposición, al referirse a la definición de lo que es el Estado de derecho, citó al autor García Pelayo: “La Constitución es el instrumento a partir del cual el Estado se sujetará al Derecho, con lo que se crea entonces el Estado de Derecho.”

Continuó su ponencia afirmando: “Esto es así debido a que todas las funciones estatales. no serán determinadas por el mero capricho de los gobernantes, sino forzosamente por las reglas previstas en la ley”

Al referirse posteriormente a la relación del Estado de derecho y la independencia judicial, se refirió la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Cuello y otros) vs. Ecuador, del 23 de agosto de 2013, el tribunal interamericano dijo: “el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El tribunal interamericano estimó pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el estado de derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia.

Después de citar otros casos de tribunales latinoamericanos concluyó: existe un vínculo indisoluble, prácticamente de carácter simbiótico entre el estado de derecho, y la independencia judicial.

La labor del juez tiene que estar sustentada en una independencia real y absoluta, si un juez no tiene independencia, será cualquier cosa, menos un juez. Será el mandadero de alguien, será el recadero de alguien, será el amanuense, pero no será un juez.

Para ser independiente, el juez debe apegarse a una serie de conductas y actitudes que le permitan resolver sin ninguna presión. Así el juez debe rechazar cualquier influencia extraña a la del derecho y debe abstenerse de propiciar para el mismo y para otros juzgadores cualquier injerencia indebida. El juez debe evitar la concesión de privilegios a alguna de las partes y mucho menos aceptar dádivas que además son parte de la terrible y nefasta corrupción que existe en muchos ámbitos.

Finalmente exhorto a los ciudadanos, a los estudiosos del derecho y los juzgadores a trabajar con infatigable perseverancia para mantener la independencia judicial para preservar el Estado de derecho.

Sin duda alguna que el mensaje de Luis María Aguilar, es un anhelo de la urgente necesidad de que los mexicanos en las elecciones del domingo dos de junio, reflexionemos seriamente, sobre la necesidad de luchar por preservar tanto la independencia judicial, como el Estado de derecho, que se encuentran en riesgo, ante la aprobación de reformas constitucionales que buscan a toda costa controlar el Poder Judicial de la Federación y politizar la designación de los funcionarios judiciales.

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