Desde 2018 en nuestro país The World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) en el que captura las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados de la República, respecto a este importante indicador.

Y es que, aunque a veces no lo parezca, el Estado de Derecho es parte inherente de nuestra vida. Precisamente WJP la define como un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos.

En el país, el IEDMX retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.

La quinta edición del IEDMX (2022-2023) presentó nuevos datos organizados en ocho factores fundamentales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; los cuales son importantes indicadores que ayudan a detallar el rumbo del gobierno.

De manera general, los resultados muestran un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición.

Aunque ningún estado se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todos tienen aún retos pendientes, las entidades que muestran un progreso sostenido desde que se publicó el primer estudio en 2018 son Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora.

En cuanto a Puebla en este periodo de 2022-2023, gobernado por Miguel Barbosa, desafortunadamente se ubicó en la posición 27, tan sólo cinco lugares antes del lugar más bajo, con un puntaje general en el índice de 0.38, lo cual muestra una adhesión débil al Estado de Derecho.

Respecto al factor de cumplimiento regulatorio, Puebla obtuvo la octava posición con 0.41 puntos, mientras que en gobierno abierto ocupó el décimo lugar con un puntaje de 0.51. Sobre el factor de ausencia de corrupción se posicionó en el lugar 19 con 0.34 puntos y respecto al orden y la seguridad en el 20, así como sobre justicia civil se colocó en el lugar 23 con 0.34 puntos.

Sin embargo, es alarmante saber que hubo tres rubros en los que estuvo muy cerca de ocupar el último lugar de la lista: límites al poder gubernamental, en donde la entidad sólo alcanzó la posición 30 de 32 estados, con un puntaje de 0.36. En derechos fundamentales descendió a la posición 31 con 0.40 puntos y en justicia penal también se quedó en el penúltimo lugar con 0.29 puntos.

Se debe considerar que, en cuanto a los límites del poder gubernamental, éste mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley y si existen frenos y contrapesos que los obliguen a rendir cuentas. También se incluye controles no gubernamentales como una prensa libre e independiente.

Sobre el factor de derechos humanos, tampoco le fue nada bien a la entidad, se miden derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional, como ausencia de discriminación, derecho a la vida, respeto al debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación y derechos laborales.

Asimismo, se detectó como una importante área de oportunidad la justicia penal, factor en el cual se incluye la efectividad en la procuración e impartición de justicia, así como el respeto a los derechos de las personas detenidas, personas privadas de la libertad y víctimas de algún delito.

Estos resultados, más allá de aparentar ser un simple número, ponen una importante tarea para el actual gobierno del estado, pero sobre todo al que viene, ya que es a partir de ellos que se pueden tomar medidas para generar estrategias que permitan fortalecer el Estado de Derecho en Puebla, a través de los pertinentes procesos de planeación.

Asimismo, dejan una gran lección para los gobiernos venideros, ya que en indicadores como éste evidencian el desgobierno y autoritarismo como el que se vivió con Miguel Barbosa. 

Tengamos presente que un estado de derecho efectivo se verá proyectado en una reducción de la corrupción, combate a la pobreza y a las enfermedades, además de proteger a las personas de las injusticias.

Es la base para la justicia social, oportunidad y paz, las cuales sustentan el desarrollo y un gobierno responsable, además de que, sumado a la libertad y a otros ámbitos como la división de poderes y a la propia democracia, es una de las variables que contribuyen a un sistema político liberal.